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lunes, 22 de junio de 2020

  • 22.6.20
Reza el proverbio que "quien siembra vientos recoge tempestades". Es lo que le está pasando a Donald Trump en la recta final de su mandato, durante el cual no ha dejado de provocar inestabilidad en cuantos asuntos ha metido mano. Y cuando más necesario le resulta presentar un balance tranquilizador, se desatan las tempestades que él mismo ha causado.



Por ello no es sorprendente, aunque sea hasta cierto punto inesperado, lo que está sucediendo en las últimas fechas en Estados Unidos de América. Son los brotes de las semillas que el propio Trump se encargó de esparcir desde que accedió a la Presidencia del país más poderoso del mundo. Un cargo que le está grande y que pone en evidencia su escasa capacidad para cumplir con aquella promesa de “hacer América grande otra vez”.

Porque, en vez de esa grandeza, lo que Trump está consiguiendo es que Estados Unidos sea azotado por las tempestades de la desigualdad, el racismo, la impotencia de proteger a su población ante emergencias sanitarias, la creciente espiral de desconfianza que genera un país que fue faro del mundo, el desprestigio ante sus socios, el desbarajuste en el derecho internacional, la manipulación política y social, el deterioro de la democracia frente a la demagogia del populismo sectario y la ruptura de los consensos en un mundo multilateral e interdependiente.

En ese ambiente enrarecido que ha caracterizado la era Trump, ha bastado la chispa provocada por la enésima víctima de la violencia racial policial, acaecida el 25 de mayo pasado en Minneapolis, donde un ciudadano afroamericano murió por asfixia cuando estaba siendo detenido, para que una avalancha de manifestaciones y protestas se extendiera por todo el país y prendiera las llamas del descontento en más de 30 ciudades norteamericanas, generando en algunos casos actos vandálicos.

Un conflicto al que un presidente visceral y bocazas quiso combatir, en un principio, mediante la fuerza y el autoritarismo, sintiéndose cuestionado y señalado por los manifestantes. Incapaz de contener sus constantes ofensas a través de las redes sociales, Trump no pudo evitar avivar las iras del descontento al glorificar la violencia mediante un tuit en el que aseguraba que “cuando comienzan los saqueos, comienzan los disparos”, tildando de “delincuentes” a los manifestantes.

No obstante, el mayor error que refleja su catadura moral y estatura política ha sido ordenar un despliegue impresionante de fuerzas de seguridad para contener unas concentraciones que llegaron ante las verjas de la Casa Blanca.

Más de 84.000 efectivos de la Guardia Nacional fueron movilizados por Trump para apoyar a los cuerpos policiales de los Estados. Y hasta unidades de la 82º División Aerotransportada estuvieron acuartelados en Washington por si tenían que intervenir para “salvar” al presidente, atrincherado en un búnker de la mansión presidencial, ante un improbable asalto que la muchedumbre de “delincuentes” manifestantes pudiera emprender.

Tal utilización del Ejército para sofocar protestas y disturbios ha sido cuestionado hasta por el propio Pentágono, que se ha desmarcado de tales iniciativas presidenciales. El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, el general Mark Milley, y el secretario de Defensa, Mike Esper, así como el anterior exsecretario James Mattis, mostraron su desacuerdo con el despliegue del Ejército para dispersar a la población civil que se manifestaba pacíficamente.

A ellos se unieron las voces de los senadores Ben Sasse (Nebraska), Tim Scott, el único senador negro republicano, Lisa Murkovsky (Alaska), Lindsey Graham (Carolina del Sur) y Benny Thompson (presidente del Comité de Seguridad de la Patria), contra lo que consideran una actuación inconstitucional al reprimir las protestas con medios militares.

El caso es que este incendio antirracista que prendió en la sociedad norteamericana no fue sofocado como debiera por un presidente que se supone representa a todos los ciudadanos. Por el contrario, Donald Trump se ha pasado todo su mandato sembrando la cizaña del odio racial cada vez que tenía ocasión.

Es lo que hizo cuando “comprendió” las agresiones racistas acaecidas en Charlottesville, en las que un simpatizante supremacista de extrema derecha lanzó su coche contra una manifestación de activistas de izquierdas, causando la muerte de una mujer y otras 19 personas heridas de diversa gravedad.

Y es lo que hace ahora, cuando un policía de Minneapolis asfixió a George Floyd a la hora de detenerlo, lo que ha generado la actual avalancha de protestas que se ha extendido por todo el país y el resto del mundo.

O cuando un manifestante de 75 años fue empujado contundentemente por otro policía, en Buffalo, haciéndolo caer al suelo y golpearse violentamente la cabeza, dejando un reguero de sangre sobre la acera, sin que ninguno de los agentes lo socorriera.

 Y vuelve hacerlo cuando otro hombre afroamericano murió por disparos por la espalda de un policía, en Atlanta, tras resistirse a ser detenido por conducir ebrio y arrebatar, en el forcejeo, la pistola de descarga eléctrica del agente y huir corriendo. Ante tales hechos, que son reiterativos en la brutal y desproporcionada actuación policial, Donald Trump siempre interviene para expresar su apoyo y “comprensión” a una violencia que, en la mayoría de los casos, ejercen blancos contra negros.

Estos hechos no hacen más que evidenciar los nubarrones tormentosos que se ciernen sobre el futuro resplandeciente que parecía aguardar a Trump. Y está nervioso. Su brillo languidece cuando más falta hacía que deslumbrase a sus conciudadanos.

Sus mentiras, exageraciones, manipulaciones e insultos no parecen convencer ya a quienes una vez creyeron ver en él al líder que iba a convertir América grande otra vez. Y no hace más que equivocarse al pretender acallar todas estas muestras de descontento recurriendo a arrebatos de autoritarismo absurdo y soflamas incendiarias.

La razón de tanta preocupación es que, a escasos cinco meses de las elecciones, este rechazo popular podría hacerle perder las probabilidades de revalidar su cargo el próximo noviembre. Por ello actúa desnortado y desbordado por las circunstancias, puesto que ya no hay tiempo de maquillar su gestión para volver a engatusar a los votantes.

Porque no es sólo la actual racha de manifestaciones y algaradas por un racismo enquistado en la sociedad estadounidense que él ha contribuido a exacerbar con su exhibición como un presidente supremacista que “comprende” la violencia racista, sino también el rechazo que ocasiona su nefasta actitud frente a la pandemia del coronavirus.

Ni la trivialización con que asumió la emergencia sanitaria ni el triunfalismo que mostró sobre la capacidad de Estados Unidos para afrontarla, gracias a su potencia en recursos técnicos y humanos, han podido sustraer a Estados Unidos de ser el país que mayor número de contagiados y muertos suma en el mundo. Víctimas que en su mayor parte corresponden a la población negra y desfavorecida del país.

Tal deplorable actuación, cuya responsabilidad por las vidas humanas truncadas está pendiente, se ve agravada por el ridículo de un mandatario que no se recata a la hora de exhibir su peligrosa ignorancia mediante declaraciones y bravuconadas, como cuando recomendó ingerir lejía para tratar la infección o el uso de la cloroquina, que él afirmaba tomar regularmente, como medicamento para la prevención de la enfermedad. La Administración del Alimentos y Medicamento de Estados Unidos (FDA) ha desautorizado el uso de ese fármaco por los riesgos que acarrea y por no estar demostrada su eficacia contra la covid-19.

Si a este panorama se añade la crisis económica que ha acompañado a la pandemia y que ha destrozado millones de puestos de trabajo en el país más rico del mundo, el desbarajuste comercial de su particular “guerra” con China y otras naciones, con las que ha roto acuerdos y tratados comerciales arduamente elaborados, la desconfianza en unas relaciones internacionales en las que actúa movido por su intuición empresarial y el interés particular y no por el consenso multilateral que se rige mediante procedimientos diplomáticos, junto a sus balandronadas bélicas (en Siria, Corea del Norte, Golfo Pérsico, Venezuela, Rusia y en cualquier lugar donde amenaza con el botón más poderoso y la bomba más terrorífica) sin apenas efectividad, se comprende que no resulte extraño que los nubarrones empañen la carrera triunfal que Donald Trump pensaba emprender para repetir mandato.

Él mismo se ha encargado no sólo de empañar su gestión con su incapacidad para gobernar con decoro y eficiencia su país, sino por su pertinaz contribución a incendiar América, como en los peores tiempos en los que imperaba el hampa, la segregación racial y la desigualdad social. Esas tempestades se ciernen hoy sobre un presidente que se resiste admitir su ocaso. Y lo que es peor, no acepta su fracaso.

DANIEL GUERRERO

lunes, 15 de junio de 2020

  • 15.6.20
Me revienta la utilización del término “paguita” que emplean algunas personas para referirse, de manera peyorativa y despreciativa, al Ingreso Mínimo Vital (IMV) que ha incorporado el Gobierno de España a las prestaciones sociales que brinda el Estado a quienes carecen de recursos, justo en pleno azote de la actual crisis sanitaria y su derivada económica.



Por el tono con que lo emplean, el diminutivo denota un profundo rechazo (más visceral que racional) a la concesión de una nueva ayuda pública, pero también la mentalidad de quien lo expresa, secundando críticas y argumentarios que, por lo general, no son suyos, sino que pertenecen a una ideología determinada que los difunde propagandísticamente.

Me enerva, como digo, el uso de esa palabra y el tono con que se pronuncia. Pero más me irrita la incapacidad de razonar por sí mismos de los que se limitan a repetir, como meros papagayos, consignas y eslóganes que escuchan de boca ajena.

Máxime si, el que imita las posturas y el vocabulario de los reacios a todo progreso social, pertenece a estamentos de población que con mayor probabilidad van a necesitar de la solidaridad y el apoyo del conjunto de la sociedad, es decir, si quien la expresa son trabajadores y familias vulnerables que sobreviven de trabajos y salarios precarios con los que es imposible garantizar indefinidamente las necesidades básicas, como son la educación, la salud y, en primer lugar, la alimentación y sustento.

Desgraciadamente, muchos de los que cuestionan el nuevo socorro están expuestos a depender en cualquier momento de un mínimo vital que les permita escapar de la miseria y, hasta cierto punto, vivir con dignidad. Los malintencionados dicen que esta prestación solo servirá para criar vagos. ¡Cuánta insensibilidad o ignorancia para insultar tan fácil y gratuitamente a los desfavorecidos!

Sin embargo, detrás de los detractores se esconde una ideología. Los que hoy se oponen a la nueva herramienta del Estado de Bienestar son los que ayer cuestionaron que se promulgara una Ley de Dependencia que aliviara la carga de los condenados a cuidar y mantener a sus mayores. Y los mismos que anteriormente criticaron que la sanidad se extendiera a toda la población e, incluso, que fuera un derecho y no un servicio garantizado a los que estaban cubiertos por mutuas o cartillas sanitarias.

Los que consideraban excesivo las indemnizaciones por despido, la cuantía y duración de las prestaciones por desempleo, las subvenciones al empleo rural y hasta la última subida del salario mínimo interprofesional, pero no las nacionalizaciones de empresas en quiebra, el rescate de los bancos, las inversiones a fondo perdido en sectores industriales o la financiación pública de instituciones que no están sujetas a control democrático. Son los mismos que despotricaron, llevándose las manos a la cabeza, del matrimonio homosexual, el divorcio y el aborto cual afrentas a su concepción moral de la sociedad.

La preocupación que muestran por la capacidad económica del Estado para financiar la nueva prestación es, sin embargo, coherente con la aversión que tienen a una fiscalidad progresiva que les obliga pagar impuestos en función de la renta. Por ello votan a partidos que prometen bajarlos.

Son acérrimos partidarios de “adelgazar” todo gasto social en las cuentas públicas. De ahí el desdén con el que esgrimen que la “paguita” será un despilfarro que alimentará la ociosidad de los desafortunados que están al borde de la pobreza y la exclusión.

Son aquellos que comulgan con una ideología que considera que el mercado se basta para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y que estos han de procurarse, sim importar las condiciones de origen, su propia viabilidad vital, sin ayuda del Estado.

Los que, en definitiva, propugnan que la cohesión y la libertad de la sociedad descansan fundamentalmente en la existencia de un mercado que atienda las necesidades de la población y no de un Estado social que combata las desigualdades gracias a la solidaridad de todos sus miembros.

Esta renta mínima estatal, que garantiza un ingreso mínimo de 461,50 euros a los hogares atrapados en la pobreza, no es ninguna novedad en los países de nuestro entorno, aunque sea un derecho nuevo que se incorpora al Estado de Bienestar en España.

En un país, como el nuestro, en el que la tasa de desempleo es estructuralmente irreductible por mucho que la economía sea boyante (lo que imposibilita el lema conservador de que el trabajo es la única forma de combatir la pobreza), era una necesidad prestar a las capas de población más vulnerables un recurso que les permita escapar de la pobreza extrema y la exclusión social.

No se trata de repartir caridad, sino de mostrar justicia y solidaridad para que el beneficio que la sociedad genera también alcance a quienes, por infinidad de causas, no han tenido la oportunidad ni los medios para desarrollar sus proyectos de vida. Y son muchos. De hecho, España es el segundo país con mayor pobreza entre los 28 de la UE. Una de cada cinco personas está en riesgo de ser pobre e incapaz de sufragar sus necesidades básicas.

Se trata, por tanto, de combatir esta situación y construir una sociedad cohesionada y justa que no deja en la orilla a ninguno de sus componentes. Para ello, nuestro Estado de Bienestar se dota de un nuevo derecho con el que poder reducir la pobreza severa.

Solo los que consideran que el Estado no debe atender el interés mayoritario de la comunidad están en contra de cada nuevo derecho que se conquista por la ciudadanía. Y lo rechazan y desprecian, apelando incluso al miedo y el insulto.

Los pertenecientes a esa mentalidad retrógrada, contraria a todo progreso, no pudieron impedir que ayer, miércoles, se aprobara en el Parlamento español la tramitación como proyecto de ley de esta iniciativa que viene a fortalecer nuestro Estado de Bienestar y, por tanto, al conjunto de la sociedad. Solo los que descalifican como “paguita” el nuevo derecho social votaron en contra o se abstuvieron, como han hecho siempre que este país ha avanzado en libertades y progreso. Y se debería tomar nota de ello.

DANIEL GUERRERO

lunes, 8 de junio de 2020

  • 8.6.20
Pedro Sánchez Pérez-Castejón, madrileño, doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales, concejal del Ayuntamiento de Madrid y luego diputado, con experiencia en asesoría económica en Bruselas y Estados Unidos, es el primer presidente de Gobierno español que se relaciona sin intérpretes con sus colegas europeos. Y el presidente del primer Gobierno que cuenta con mayoría de mujeres entre sus 22 miembros.



Durante su primer Gobierno (tras la moción de censura), los socialistas adoptan decisiones de fuerte impacto social, como autorizar el atraque en el puerto de Valencia del buque Aquarius, para acoger a los 630 migrantes salvados en aguas del Mediterráneo central que Italia no permitió desembarcar.

También aprobaron una modificación de la Ley de Memoria Histórica que permitió exhumar los restos del dictador Francisco Franco de la Basílica del Valle de los Caídos para trasladarlos a una sepultura privada donde no fueran enaltecidos. Esta iniciativa motivó un enconado enfrentamiento jurídico con la familia del dictador.

Al mismo tiempo, se intentó desbloquear el concurso público para la elección del presidente del ente público de RTVE. Al no lograrlo, los socialistas designaron a la periodista Rosa María Mateo como administradora única hasta la resolución del citado concurso.

También se aprobó la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros al mes, un incremento del 22,3 por ciento, que beneficiaría a cerca de 2,5 millones de trabajadores. En total, pues, el primer Gobierno de Pedro Sánchez impulsaría 13 proyectos de ley que no pudieron tramitarse por la brevedad de la Legislatura, pues tuvieron que convocarse nuevas elecciones cuando el Parlamento rechazó la ley de Presupuestos presentada por el Gobierno.

Pero hasta su celebración, el Ejecutivo hizo uso de reales decretos-leyes, lo que se conoció como “viernes sociales” para, entre otras medidas, aprobar con carácter de urgencia la revalorización de las pensiones, mejorar las retribuciones del sector público, aumentar los permisos por paternidad, liberalizar el sector de la estiba, autorizar a las autonomías y ayuntamientos a reinvertir sus superávits o adoptar planes de contingencia ante un Brexit sin acuerdo, entre otras muchas.

No todo fueron luces en ese Ejecutivo. También hubo sombras, como las protagonizadas por el ministro de Cultura, Máxim Huerta, que tuvo que dimitir por sus problemas con Hacienda antes de hacerse cargo del Ministerio. Y la de Carmen Montón, ministra de Sanidad, por sospechas de plagio en su tesis doctoral.

También se produjo el cese de la directora general de Trabajo, Concepción Pascual, por avalar la legalización del sindicato de prostitutas. Además de otras diatribas y reconsideraciones de promesas efectuadas, como la derogación inmediata de la Reforma Laboral.

Apenas cumplidos los primeros cien días del segundo Gobierno de Pedro Sánchez, el de coalición con Unidas Podemos, los socialistas se cruzan con otra crisis imprevista en su camino, esta vez sanitaria, provocada por un nuevo virus –desconocido, sumamente contagioso y contra el que aún no existe vacuna– el SARS-COV2, que produce la enfermedad Covid-19, y que desata una pandemia global, declarada como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020.

Esta pandemia, que paraliza países enteros, entre ellos España, confinando a la población en sus domicilios y deteniendo en seco la actividad económica, se traducirá en una inevitable crisis económica sin precedentes. Como en la mayoría de países por donde se extiende, el Gobierno español declara el estado de alarma para combatirla, situación excepcional en la que nos hallamos a la hora de elaborar este artículo.

Lo que haga el Ejecutivo de Pedro Sánchez frente a este y otros asuntos será objeto de un futuro capítulo de este repaso de los Gobiernos de España, con el que se ha pretendido comparar la ejecutoria de siete presidentes de nuestra todavía joven democracia. Adolfo Suárez (1976-1981), Leopoldo Calvo Sotelo (1981-1982), Felipe González (1982-1996), José María Aznar (1996-2004), José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), Mariano Rajoy (2011-2018) y Pedro Sánchez (2018- ).

La intención no ha sido otra que la de valorar la diferencia ideológica entre gobiernos de derechas y progresistas. Las conclusiones que se puedan extraer de la comparativa depende de cada lector, cuyo juicio hemos buscado, modestamente, ilustrar con datos y hechos.

DANIEL GUERRERO

lunes, 1 de junio de 2020

  • 1.6.20
A partir de 2015 vendrían años en los que se inicia la época de mayor inestabilidad política en España y los del fin del bipartidismo clásico que ha caracterizado a la democracia desde 1978. Comienzan cuando el presidente Rajoy convoca elecciones, al agotar su mandato, en 2015, en las que el PP obtiene un magro resultado de 125 diputados, 63 menos que en 2011, lo que hará imposible, por tanto, gobernar si no logra reunir apoyos suficientes.



Pero su mayor oponente, el PSOE, tampoco consigue la confianza de los electores, obteniendo un resultado aún peor, de solo 90 escaños, bajo la dirección de un nuevo líder, Pedro Sánchez. El PSOE pugnaba en dos frentes distintos: contra el PP y contra Podemos, la formación emergente a su izquierda, que concurría por primera vez a unas elecciones generales y que se había marcado el objetivo de dar “sorpasso” al PSOE. Casi lo conseguiría, pues se estrenó en el Congreso de los Diputados con 42 diputados.

Vistos los pocos apoyos, Rajoy renuncia finalmente a proponerse al rey Felipe como candidato a la investidura de presidente de Gobierno. Y Sánchez lo intenta mediante un acuerdo establecido con Ciudadanos, la nueva formación de derecha liberal, confiando en la abstención de Podemos.

Pero fracasa en una sesión histórica: por ser la primera en que un candidato que no ha ganado las elecciones concurre a la investidura, que pierde con los votos en contra de PP y Podemos, y por dar lugar a la primera Legislatura fallida de la democracia española. El bipartidismo, tal como lo habíamos conocido, saltaba por los aires.

En 2016 se repiten elecciones, en las que el PP logra mejorar sus resultados (137 escaños), que dan la oportunidad a Rajoy de continuar al frente del Gobierno, gracias a los apoyos de Ciudadanos (actuando ya como partido bisagra) y Coalición Canaria, formación nacionalista.

Pero, para ello, sería necesario que esta vez el PSOE se abstuviera, facilitando que la investidura reuniera más síes que noes (mayoría simple) en la votación parlamentaria. Y el nuevo líder del PSOE se negaba a ello en redondo, enrocándose en su lema “no es no”, a pesar de que bajo su liderazgo el PSOE había cosechado el peor resultado de su historia: sólo 85 diputados.

Tales resultados y su obstinación pasan factura a Pedro Sánchez y lo obligan a abandonar la Secretaría General del partido, que había ganado en las primeras primarias celebradas en el PSOE, en 2014. También renuncia a su acta de diputado.

El “aparato” del partido optaba por la abstención para acabar con la parálisis de un Gobierno en funciones que duraba ya tres meses. Y forzó su dimisión. Pero no se dio por vencido: volvió a presentarse a las siguientes Primarias, enfrentándose a la candidatura de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en las que consigue nuevamente ser elegido secretario general del PSOE.

La derecha permanecía aferrada al poder con Mariano Rajoy, gracias a los apoyos parlamentarios que facilitaron su investidura, hasta que, en 2018, la Audiencia Nacional dicta sentencia de una pieza del caso Gürtel, en la que halla culpable al PP de mantener una estructura de contabilidad y financiación ilegal. El PP se convertía, así, en el primer partido condenado por corrupción en España. Y dejaba a su líder totalmente desautorizado moral y políticamente.

Era la oportunidad ansiada por el líder del PSOE para retomar la iniciativa de expulsar a Rajoy del Gobierno. Con tal propósito, presenta una moción de censura que obtiene 180 votos a favor y 169 en contra. Sánchez, por fin, accede a la Presidencia del Gobierno, gracias a la primera moción de censura que triunfa en la moderna democracia.

Pero aquellos apoyos no le permitirían completar la Legislatura, como pretendía. El rechazo parlamentario al proyecto de ley de Presupuestos que presentó en 2019, cuando apenas llevaba diez meses en el puesto, lo obliga a convocar nuevas elecciones, que se celebran en abril, en las que remonta resultados y convierten al PSOE en primera fuerza, con 123 escaños, del Parlamento, tras el batacazo del PP, que cae hasta los 66 escaños, conducido ahora, tras la dimisión de Rajoy, por un nuevo líder, Pablo Casado.

A pesar de ser el partido más votado, el PSOE no logra cerrar un pacto de coalición con Podemos, dadas las desconfianzas mutuas, y después de dos votaciones infructuosas para conseguir la confianza de la Cámara, se convocan las cuartas elecciones generales en los últimos cuatro años.

En noviembre de 2019, los socialistas vuelven a ganar las elecciones, pero con sólo 120 diputados. Y lo que antes era imposible, ahora es imprescindible: el PSOE consigue formar el primer Gobierno de coalición de España, junto a Podemos, aunque por la mínima, por sólo 167 síes frente a 165 noes y 18 abstenciones.

Pedro Sánchez, al tercer intento, logra, definitivamente, ser presidente electo del Gobierno de España. La izquierda retorna al poder por tercera vez, tras los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Pero eso será objeto de un nuevo capítulo

DANIEL GUERRERO

lunes, 25 de mayo de 2020

  • 25.5.20
Aparte de la corrupción y de la crisis económica, el otro gran problema al que Mariano Rajoy debió enfrentarse como presidente del Gobierno fue el “conflicto” catalán. El desafío soberanista de Cataluña no fue abordado con la habilidad y la mano izquierda requeridas por parte del líder del Partido Popular. Enrocado en la legalidad, no supo o no quiso explorar vías políticas para acercar posturas y evitar lo que de hecho sucedió: el choque de posiciones maximalistas monolíticas.



El recurso que había promovido su partido ante el Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, aprobado con modificaciones por el Congreso de los Diputados y sancionado en referéndum por los catalanes con el 73,9 por ciento de los votantes, con una participación del 49,4 por ciento, es decir, casi la mitad de la población con derecho a voto, fue la mecha que encendió el rechazo y las protestas en aquella comunidad contra España, dando alas a los partidarios de la independencia.

En 2010, se celebró en Barcelona una manifestación con el lema Som una nació, nosaltres decidim, que sirvió de ensayo para la celebración multitudinaria, en 2012, de la Diada de Cataluña, bajo el lema Catalunya,nou estat d´Europa.

La deriva de todo aquello es de sobra conocida: referéndum ilegal; leyes del parlamento catalán para “desconectar” la Constitución y aprobar la independencia de Cataluña; la aplicación del artículo 155 para suspender la Autonomía; la huida al extranjero de parte de los miembros de la Generalitat, incluido su presidente, Carles Puigdemont, aun prófugo en Bruselas; las condenas judiciales a los políticos responsables de aquellas decisiones que se quedaron en España; y, como colofón, el actual presidente vicario de la Generalitat, Quim Torra, dedicado a incordiar todo lo que puede.

En buena medida, el agravamiento de este conflicto se debe a la incapacidad de Rajoy, y de la derecha ideológica en su conjunto, de hallar y transitar vías políticas de diálogo y negociación para encauzar y moderar el problema, como supuso en su día la reforma el Estatuto catalán.

El peligroso y desleal comportamiento de esa derecha, en la oposición o desde el Gobierno, no solo para ayudar a contrarrestar la extensión del independentismo, sino incluso para utilizarlo en la confrontación y como munición política que le deparaba réditos electorales en toda España, menos en Cataluña, ha sido bochornoso. Es una de las herencias del concepto de servicio al país que deja la derecha de Rajoy.

La otra es su deplorable actuación contra la corrupción que ha afectado gravemente a su partido, y que, tras seis años detentando el poder, causó su expulsión como presidente del Gobierno por culpa de una sentencia judicial que condenaba al Partido Popular por financiación ilegal y trama delictiva.

La condescendencia de Rajoy con los chanchullos del tesorero de su formación ("Ánimo Luis, sé fuerte", le decía), la trama corrupta de la Gürtel, los sobres que recibía el propio Rajoy con sobresueldos en negro del partido, más las múltiples ramificaciones que no dejaron de aflorar en su formación sin que él moviera un dedo, condujeron a Mariano Rajoy a ser el primer presidente de la democracia en comparecer como testigo en un juicio contra su partido y el primero en ser expulsado del Gobierno por una moción de censura del Congreso de los Diputados, presentada por un PSOE, precisamente, en sus horas más bajas. Una vez más, la manipulación y los abusos condujeron la derecha a la oposición. Pero no fue una caída rápida, sino que requirió de varias elecciones generales y una moción de censura para derribarla del poder.

DANIEL GUERRERO

lunes, 18 de mayo de 2020

  • 18.5.20
El período socialista de los gobiernos de Rodríguez Zapatero se agotó al cabo de su segunda Legislatura como consecuencia de la crisis económica de 2008. Las medidas de preciso escarpelo para combatirla, reduciendo partidas de gasto del Presupuesto para equilibrar el déficit público, pesaron más que los avances en derechos y libertades conquistados bajo su mandato.



Los electores prefirieron que la derecha administrase la austeridad a la que abocaba una crisis económica que la derecha supo utilizar como ariete del Gobierno. Así, en las elecciones de noviembre de 2011, el Partido Popular obtendría mayoría absoluta y sentaba a Mariano Rajoy en el sillón del Gobierno de España, el sexto presidente de la democracia desde 1978 (contando a Leopoldo Calvo Sotelo, elegido presidente tras la dimisión de Adolfo Suárez, en 1981, hasta el triunfo socialista de 1982. Fue un presidente de transición). Se producía, así, un nuevo vaivén del bipartidismo español que posibilitaba que la derecha recuperase, una vez más, el poder.

Mariano Rajoy Brey, un político gallego de amplio recorrido desde los tiempos de la Alianza Popular (AP) de Fraga, además de abogado y notario, había sido un ministro “todoterreno” (Administraciones Públicas, Educación, Interior, Portavoz y vicepresidente) en los ocho años de gobiernos de José María Aznar, hasta que este lo designó para sucederle como candidato del Partido Popular a las elecciones de 2004, en las que el PP perdió el poder.

Es en los comicios anticipados del año 2011 cuando Rajoy consigue al fin, después de perder también la cita con las urnas de 2008, acceder a la Presidencia del Gobierno, rodeándose de figuras destacadas de la derecha española y de colaboradores suyos en el partido. Su mandato, a lo largo de tres legislaturas (una de ellas non nata), se interrumpe abruptamente con la moción de censura que le presenta el nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez, tras una sentencia del caso Gürtel.

Tal como había prometido, una vez formado su Ejecutivo, Mariano Rajoy comienza a aplicar su plan neoliberal para sanear la economía española de la recesión en la que había entrado desde finales de 2009. Tarda sólo dos semanas, desde su nombramiento, en anunciar el primer “hachazo” presupuestario, de casi 10.000 millones de euros, y la subida del IRPF.

Empezaba, así, a cumplir e incumplir sus promesas electorales de ahorrar gasto, reducir las administraciones públicas, volver a las privatizaciones y bajar impuestos. Excepto esto último –que los subió–, cumplió con todo lo demás.

Era evidente que el Gobierno de Rajoy tenía, como más importante reto, afrontar la grave crisis económica del país, y en ello se empeñó con todas sus fuerzas, mediante las clásicas recetas del neoliberalismo. Frente al bisturí de Zapatero, Rajoy propinó tijeretazos al gasto público y al Estado de Bienestar.

Y para reducir el desempleo, hizo una reforma laboral que flexibilizó el despido y precarizó el mercado del trabajo, desvinculando los acuerdos de empresa de los convenios colectivos sectoriales, todo ello bajo una fuerte contestación por parte de los colectivos afectados.

En lo económico, por tanto, las primeras iniciativas del Gobierno conservador fueron inmediatas y drásticas a la hora de reducir el gasto público y el tamaño de las administraciones. Continuaba, así, pero con mayor dureza aun, la senda de restricciones que había emprendido el anterior mandatario socialista, presionado por la UE y los mercados hasta el extremo de tener que acometer una enmienda a la Constitución que contemplaba priorizar el pago de la deuda frente a cualquier otro gasto público.

Sin embargo, estas medidas iniciales de Rajoy no lograron frenar el peligro de rescate y la escalada de la prima de riesgo, que se disparó a cifras históricas insostenibles, de más de 600 puntos porcentuales. Ese escenario lo obligó a aplicar nuevas medidas impopulares, como la subida del IVA, la reducción de las prestaciones por desempleo, la supresión de la paga extra de Navidad de los funcionarios, la reducción de las plantillas en las administraciones públicas (la tasa de reposición por jubilación en Sanidad fue del diez por ciento), la práctica congelación de las pensiones (incremento anual de solo el 0,25 por ciento), la subida de impuestos medioambientales y un nuevo recorte al Estado de Bienestar, como el copago farmacéutico, además de dejar sin dotación la partida presupuestaria de la Dependencia y la exigua financiación a la investigación científica, la innovación y el desarrollo, entre otros recortes.

De la contundencia de sus duras medidas económicas es relevante que, durante el primer año de su Gobierno, Mariano Rajoy hiciera uso de 29 decretos-ley, una fórmula legal que se justifica por motivos de urgencia, aunque no fuera necesario al disponer de mayoría absoluta en el Congreso para aprobar cualquier iniciativa gubernamental.

A pesar de todo, Rajoy no pudo evitar la tutela de la Unión Europea en las cuentas públicas ante el riesgo creciente de recaída en la recesión. Bajo el eufemismo de “préstamo”, España solicitó formalmente un rescate por más de 80.000 millones de euros a Europa para ayudar a las entidades financieras y al FROB, el “banco malo” creado para asumir la deuda privada de las entidades nacionalizadas, como Bankia.

Tan grave era la situación que, durante buena parte de su primera Legislatura, las políticas de austeridad del Gobierno contribuyeron a profundizar y prolongar la crisis económica, aumentando las cifras de desempleo, que a finales de 2012 había alcanzado la cota más alta de la historia, un 26 por ciento de la población activa, y los índices de pobreza y exclusión social, que pasaron del 23 por ciento de la población a cerca del 28 por ciento, de lo que daba muestra el número de familias que fueron desalojadas de sus viviendas al no poder pagarlas.

En lo social, como no podía ser de otra manera, las restricciones y el “austericidio” provocaron estragos en los servicios esenciales que provee el Estado a los ciudadanos, poniendo en cuestionamiento la viabilidad del Estado de Bienestar.

La Educación, por ejemplo, sufrió recortes que mermaron su plantilla y aumentaron la ratio de alumnos por aula. También supusieron la reducción de la dotación para becas e investigación, el incremento del número de horas docentes del profesorado y la “racionalización” de las titulaciones, etc.

En Sanidad, aparte de la reducción y congelación de los salarios, los recortes significaron la disminución de la plantilla de sanitarios de todas las categorías, la imposibilidad de seguir activo más allá de los 65 años, el copago sanitario y farmacéutico (recetas, traslados de enfermos, medicamentos, etc.) y la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes en situación irregular.

En Dependencia, como se ha señalado, no se proveyeron recursos para mantener su aplicación y atender a los nuevos demandantes de ese derecho. Y las pensiones, en contra de lo insistido por el Gobierno, estuvieron técnicamente congeladas, cuyo raquítico incremento fue siempre inferior al coste de la vida, la inflación, durante todos los años del mandato de la derecha.

Además, el desajuste de la Seguridad Social fue tan desorbitado que prácticamente vació la “hucha” de las pensiones, el remanente acumulado durante la época socialista de Rodríguez Zapatero para garantizar su financiación.

En resumen, hay que señalar que las medidas implementadas para sanear la economía golpearon con especial dureza, dadas la austeridad y las restricciones que suponían, a los colectivos más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, al reducir o eliminar prestaciones sociales y servicios de los que dependían para su subsistencia.

Y es que esos estratos débiles, sin apenas ingresos, tuvieron que enfrentarse a la subida del impuesto del IVA, del 18 al 21 por ciento en el tramo general y del 8 al 10 por ciento el del tipo reducido; ver reducida su prestación por desempleo; ser castigados por la supresión de la deducción por vivienda en el IRPF; pagar por hacer uso de la Justicia (reforma de tasas judiciales); etc., y ser víctimas del resto de recortes descritos más arriba.

Sin apenas acceso a los servicios esenciales de un Estado de Bienestar mermado, aquellas reformas económicas, que despreciaron a los más vulnerables, hicieron que los pobres fueran más pobres todavía. Y los ricos, más ricos.

Las grandes cifras macroeconómicas, gracias a las recetas y políticas neoliberales implementadas para su exclusivo beneficio, es decir, para sanear sus cuentas y nacionalizar las pérdidas, junto a unas condiciones externas favorables (viento de cola) por el descenso del precio de los productos energéticos, un euro devaluado respecto al dólar y, sobre todo, las facilidades del Banco Central Europeo para abaratar el precio del dinero y dar liquidez al mercado financiero, posibilitaron la vuelta al crecimiento y la recuperación económica, fundamentalmente durante los últimos años de la segunda Legislatura de Rajoy, pero a costa de crear una crisis social sin precedentes, en la que la desigualdad y la precariedad ensancharon enormemente las brechas sociales.

Y no solo eso: en cuanto a derechos y libertades, la derecha con Rajoy volvió a sus fueros de regresión y autoritarismo. Bastan tres ejemplos para demostrarlo. En primer lugar, la reforma de la Ley del Aborto, que Rajoy encargó a su ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y no al de Sanidad, y que endurecía los requisitos y eliminaba, incluso, la malformación del feto como supuesto para llevar a cabo la intervención, con la pretensión de satisfacer a su electorado más conservador, a los colectivos antiabortistas y a la Iglesia, se saldó con la dimisión del ministro y la no aprobación del proyecto de reforma. La contestación social, incluida la del sector conservador moderado, hicieron recular a Rajoy y retirar –de momento– aquella reforma.

En segundo lugar, la nefasta “ley Wert”, como se llamaba a la LOMCE, la séptima Ley de Educación de la democracia, impulsada en solitario y sin consenso por el ministro que da nombre al texto legal, el que aplicó los mayores recortes de la historia en educación.

Aparte de reducir “gastos”, la ley suprimió la asignatura de Educación para la Ciudadanía por la de Religión, con peso curricular en la nota del alumno. Además, el Ministerio recentralizaba el diseño curricular, reduciendo el margen de las autonomías para configurar sus contenidos.

Y, por último, la “Ley Mordaza”, Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que deja en manos de la Administración el ejercicio de derechos y libertades fundamentales, en aras de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, y que prohíbe, por ejemplo, tomar imágenes de la actuación y presuntos abusos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su cometido.

Una norma que faculta a la Policía a ser juez y parte en sus conflictos con los ciudadanos a la hora de valorar la “desobediencia o resistencia a la autoridad” o la “falta de respeto o consideración a las fuerzas del orden” público. Todavía sigue vigente.

En política exterior, el mandato de Rajoy no se distinguió por su quehacer diplomático, salvo las debidas relaciones habituales con Europa y su aparente cordialidad con la canciller alemán, Angela Merkel, de quien dependían, en buena medida, las condiciones impuestas por Bruselas a la economía española.

España seguía sin recuperar el peso perdido en Europa, como se demostró con el fracaso de la candidatura de Luis de Guindos para presidir el Eurogrupo. Con EE UU mantuvo buenas relaciones, consiguiendo un nuevo acuerdo sobre las bases militares de utilización conjunta, pero sin llegar a los niveles de servilismo pronorteamericano de la época de Aznar. Lo mismo puede decirse de las relaciones con Latinoamérica y los países árabes, donde la preocupación se centraba en la región del Sahel y la amenaza del terrorismo del Daesh o Estado islámico.

Sin embargo, era en política interna en lo que los gobiernos de derecha de Mariano Rajoy fueron claramente deficientes, y con respecto de la corrupción, deplorables. Pero eso será objeto de un nuevo capítulo.

DANIEL GUERRERO

lunes, 11 de mayo de 2020

  • 11.5.20
José Luis Rodríguez Zapatero es un desconocido abogado vallisoletano que, tras esos vaivenes traumáticos con los que suele el PSOE renovar su cúpula dirigente, consigue liderar el regreso al poder de los socialistas en 2004, la segunda vez que acceden al Gobierno en democracia. Y lo retiene durante dos legislaturas que fueron muy distintas entre sí.



En efecto, si los gobiernos de José María Aznar podrían distinguirse por el éxito económico coyuntural y la desatención social, los de Rodríguez Zapatero pueden calificarse por sus conquistas sociales estructurales y por su infortunio en lo económico.

Siendo un anodino diputado sin experiencia, el congresista más joven de aquella época, disputó al histórico José Bono la Secretaría General del PSOE, en el año 2000, tras años de desconcierto en la dirección socialista por la repentina dimisión de Felipe González y las interinidades de Joaquín Almunia.

Con ese breve aprendizaje y cuatro años en la oposición, pero con el propósito de brindar un “cambio tranquilo” y un “talante” de permanente diálogo, unido a las dramáticas circunstancias del atentado de Madrid de torticera gestión por parte de la derecha gobernante, Zapatero consiguió el regreso al poder del PSOE, formando el primer Gobierno paritario de la historia de España.

Tal cambio constituyó la tercera alternancia de la democracia. Los gobiernos de Rodríguez Zapatero, que se extendieron a lo largo de dos legislaturas, estuvieron rodeados de polémica, incluso desde la victoria electoral, a sólo tres días después del mayor atentado terrorista cometido en Europa.

La derecha, confiada en ganar esos comicios, nunca se lo perdonó e intentó cuanto pudo deslegitimar aquel resultado de las urnas. Y es que esa derecha no podía reconocer que había perdido el gobierno al pretender capitalizar el atentado y atribuir su autoría a ETA. Aun hoy mantiene, a pesar de las sentencias judiciales, teorías conspirativas con las que intenta dar validez a su tergiversación de los hechos.

Durante el primer mandato de Rodríguez Zapatero se sucedieron las iniciativas más novedosas en torno a la ampliación de derechos civiles y sociales, el cierre definitivo del diseño territorial, el fin de ETA y el reconocimiento de la dignidad de los vencidos mediante la llamada Memoria Histórica. Pero la polémica no iba a dejar de caracterizar su acción de gobierno.

La primera medida adoptada, la retirada de las tropas españolas de Irak, por negarse a participar en una guerra declarada ilegal por la ONU, tuvo como consecuencia el enfriamiento y distanciamiento de las relaciones con EE UU, que duró hasta que Bush fue sustituido por Obama en la Casa Blanca.

Zapatero (como se le llamaba coloquialmente) emprendía, así, la reversión de la orientación exclusivamente proestadounidense que Aznar había imprimido a la política exterior para recuperar el alineamiento a favor del eje franco-alemán, que ya Felipe González había inaugurado en su tiempo, además de apostar por el multilateralismo en la acción exterior.

Tal abandono del seguidismo incondicional norteamericano, practicado por Aznar y fijado en la memoria con la famosa foto de las Azores, no impidió, sin embargo, que el Gobierno socialista aumentara los efectivos españoles en Afganistán y otros lugares, siempre bajo el paraguas legal de la ONU.

Otras iniciativas de su política exterior también fueron controvertidas, como la Alianza de Civilizaciones establecida entre España y Turquía, de nulos resultados prácticos, y la negativa a formar parte de la coalición para bombardear Libia, que volvió a provocar malestar en los altos mandos de la OTAN y en EE UU.

Más “lógica” resultó ser la decisión de finalizar el compromiso militar en Kosovo, cuya independencia Madrid se negó –y se niega– reconocer por su repercusión en la política interna y los conflictos con las autonomías que propugnan su independencia de España.

Por otra parte, Zapatero defendió el levantamiento de la posición de dureza de la UE sobre Cuba, que había promovido Aznar, y el afianzamiento de las relaciones con los países iberoamericanos, basadas en principios y en el respeto mutuo, no en lecciones ni tutelajes ideológicos.

Asimismo, se preocupó de evitar conflictos con Marruecos y mostró su respaldo al Gobierno de transición de Túnez en apoyo a su proceso democratizador. Gracias a sus buenas relaciones con mandatarios europeos, consiguió que España tuviera una presencia fija en el G-20, el foro de los países más ricos y emergentes del mundo, en calidad de invitado permanente.

Es en lo social, sin embargo, en lo que los gobiernos socialistas de Rodríguez Zapatero descuellan de manera rotunda, posicionando a España a la vanguardia en derechos y libertades del mundo, al promover iniciativas que instituyeron o ampliaron derechos ciudadanos.

Así, hay que anotar en su favor la aprobación, no sin el repudio por parte de sectores conservadores de la sociedad y de la Iglesia católica, que hizo una dura campaña de oposición, de la Ley del matrimonio homosexual, pionera en Europa, y la ley que agilizaba los trámites del divorcio (Ley de divorcio exprés).

También promovió la Ley de igualdad, para establecer la paridad entre hombres y mujeres en la esfera pública y laboral, y la Ley antitabaco, con la limpió de aire nicótico edificios y establecimientos públicos y rebajó índices de mortalidad por causa del cigarrillo.

Otra de las importantes medidas de Zapatero fue la Ley de Dependencia, establecida como cuarto pilar del Estado de Bienestar, que reconocía derechos de atención a las personas dependientes y ayudas a sus cuidadores. Todas estas iniciativas, de amplio calado, modificaron costumbres sociales de forma definitiva, hasta el punto de que hoy sería inimaginable reconvertirlas.

De igual modo, promovió la Ley de la Memoria Histórica, que persigue el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, y que todavía sigue siendo tildada de “vengativa” por los herederos de los vencedores y simpatizantes del fratricidio y su régimen. La aplicación de esta ley, que elimina nombres, placas o monumentos que exalten la dictadura y humillen a las víctimas, aun causa debates y confrontación política en la actualidad.

Asimismo, durante la primera Legislatura del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero se aprobó la Ley integral de medidas contra la Violencia de Género, que amplía la protección policial y jurídica de la mujer que es víctima de agresiones y asesinatos machistas.

También se paralizó la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) y se introdujo en el currículo la asignatura de Educación para la Ciudadanía, cuya finalidad era impartir valores constitucionales y de tolerancia cívica a los alumnos, futuros miembros de una sociedad plural y diversa, pero a la que se opusieron la Iglesia y el Partido Popular por, decían, promover el “laicismo” en las escuelas y representar un ataque a los católicos y contra la “libertad moral”.

Otras de las iniciativas fue la introducción del carnet de conducir por puntos, tendente a reducir los accidentes de tráfico, y la reforma la Ley del aborto, que facilitaba esta intervención sin exigencia de ningún supuesto, entre otras medidas.

Como colofón, se podrían citar dos guindas del amplio legado social de Zapatero, una revocada y otra mantenida, que ponen de relieve su afán por modernizar el país y dotarlo de instrumentos con los que enfrentar los problemas que afectan a la ciudadanía.

En primer lugar, el Gobierno socialista promulgó una reforma integral de la Radiotelevisión pública (RTVE) para que dejara de ser un altavoz del Ejecutivo y no se repitiera la manipulación en los informativos, como la protagonizada por Urdaci. Con ella, el Parlamento designaba por mayoría reforzada al presidente del Ente, y no el Gobierno como en los 50 años anteriores, lo que aseguraba la independencia y la profesionalidad del medio.

Además, los sindicatos tenían, por primera vez, representación en el Consejo de la Radio y la Televisión. Y, por si fuera poco, se eliminaba la publicidad en RTVE, a cambio de un canon financiero por los servicios de interés público que prestaba. El modelo seguía el ejemplo de la BBC inglesa.

Nunca, antes, la televisión pública de España, en competencia con las cadenas privadas, había sido tan neutral y profesional ni alcanzado mayor grado de prestigio y audiencia como entonces. ¿Qué hizo la derecha cuando volvió al poder? Ya lo veremos.

Y, en segundo lugar, el cuestionado presidente Zapatero tuvo el acierto de crear la Unidad Militar de Emergencias, la polivalente UME que, hoy día, se entrega a desinfectar residencias y hospitales durante la actual pandemia del Covid-19 que asola España.

Con aquella iniciativa, el Gobierno socialista proveyó un instrumento indispensable al servicio del país, capaz de intervenir de manera rápida y eficaz para prestar ayuda en caso de catástrofes naturales, incendios y todo tipo de emergencias o calamidades, en cualquier parte del territorio nacional, colaborando, que no sustituyendo, con otras instituciones y fuerzas del Estado. En la actualidad, a pesar de requerirse continuamente los servicios de esta unidad militar, pocos reconocen el providencial acierto del vilipendiado presidente Zapatero en su creación.

Y es que, en lo económico, el Gobierno de Rodríguez Zapatero tuvo la desgracia de tropezarse con una crisis económica, durante su segundo mandato. Esa crisis económica, iniciada en 2008 en EE UU, golpeó de lleno a España. Pocos advirtieron su gravedad, pero a toro pasado muchos profetizaron sus consecuencias.

Al ser una crisis financiera generada por los abusos con las hipotecas subprime en EE UU, el presidente español, como muchos en otras latitudes, minusvaloraron sus efectos sobre la saneada economía de España, cuya deuda pública apenas representaba el 36 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). No supo reconocerla en sus inicios y después tuvo que rectificar.

El hundimiento del mercado financiero mundial hizo engordar como una bola de nieve una crisis económica, que sumó sus efectos al estallido de la burbuja inmobiliaria, creada en tiempos de Aznar, y una consecuente crisis bancaria. Todo ello provocó que la capacidad económica del país estuviera prácticamente en quiebra, al elevarse el déficit público a unas cotas inasumibles de más del 90 por ciento del PIB.

Ante tal situación, Zapatero utilizó al principio recetas expansivas anticíclicas, recomendadas incluso por el FMI, para suplir la inversión privada con la pública, destinando grandes sumas de dinero a planes de choque, los denominados Plan E, que no pudieron frenar el deterioro de la economía ni el crecimiento descomunal del gasto público.

Las exigencias de los mercados financieros mundiales y de las economías convergentes por reducir el gasto público como sea, obligaron al presidente socialista a tomar medidas contrarias a su ideario, tales como congelar las pensiones, reducir el salario de los empleados públicos, retirar la prestación del “cheque-bebé”, practicar una reforma laboral que enfrentó a trabajadores y patronal en su contra, uniéndolos en una huelga nacional.

El paro volvió a escalar cifras espeluznantes, al pasar desde un 8 por ciento a más del 20 por ciento, y la Prima de Riesgo ponía nuestra economía a los pies de los especuladores financieros, al dispararse desde menos de los 100 puntos, en relación con el bono alemán, a una cota de más de 400 puntos, en el verano de 2011, lo que incrementaba los riesgos de un rescate económico de España por parte de la UE, como los efectuados con Grecia, irlanda, Portugal y Chipre.

Todas estas dificultades fueron munición para la oposición en su ofensiva por desgastar la credibilidad del Gobierno (lo acusaron hasta de ser el causante de la crisis económica) y para que algún economista de derechas, futuro ministro de Hacienda, se atreviera a confesar que “cuanto peor vaya la economía, mejor para nosotros”.

Esta mala suerte en la economía fue providencial para que la derecha, de la mano de Mariano Rajoy, el delfín designado por Aznar para sucederle, ganara las siguientes elecciones e hiciera fortuna con el lema de la “herencia recibida” a la hora de aplicar las tijeras.

Es verdad que Rajoy recibía un país aquejado de una grave crisis económica, con un paro de más de cinco millones de personas y un déficit público desbocado. Pero también es verdad que el presidente Zapatero había logrado librar al país, hasta que perdió el poder, de ser intervenido por los “hombres de negro” de Europa, al contrario de lo que la leyenda ha propalado, con sus medidas de contención del gasto, opuestas a sus convicciones ideológicas. Hasta en eso fue honesto.

Por no querer recordar lo que de positivo tuvo el mandato socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, no se le reconocen siquiera los intentos de negociación con ETA (como los que intentaron anteriormente otros gobiernos de distinto signo) que, aun torpedeados por la propia ETA, culminaron con el fin de la banda terrorista, a pesar de soportar que la derecha pareciera preferir, por su oposición frontal a todo diálogo, que la banda continuase matando a silenciar para siempre las armas.

Tampoco se quiere recordar su consensuada habilidad de encauzar las tensiones territoriales, tanto por el “plan Ibarretxe” como por la reforma del nuevo Estatuto de Cataluña, que la derecha combatió con denuedo e impugnó ante el Tribunal Constitucional, aunque fuera semejante al de otras comunidades, como la andaluza. De todos aquellos barros de incomprensión y deslealtad proceden los lodos de la actual deriva secesionista que convulsiona la unidad de España en la actualidad. Pero eso será materia de otro capítulo.

DANIEL GUERRERO

lunes, 4 de mayo de 2020

  • 4.5.20
José María Aznar consigue en 1996 no solo el retorno de la derecha al poder sino el liderazgo de una nueva generación de políticos conservadores (sin Fraga ni ninguno de sus “siete magníficos”) que no había participado en la Transición.



Su primera Legislatura, sin mayoría suficiente, fue relativamente condescendiente con los nacionalistas que apoyaron con sus votos al Gobierno (se refirió a ETA como “grupo de liberación vasco” y aseguró “hablar catalán en la intimidad”), pero tras el brutal asesinato del concejal de su partido Miguel Ángel Blanco, mantuvo una línea de mayor firmeza contra el nacionalismo que amplió el respaldo social a su partido y, por consiguiente, la consecución de una mayoría absoluta en su segunda legislatura.

Aznar, un funcionario del Cuerpo de Inspectores del Ministerio de Hacienda, había militado en su juventud en organizaciones de ultraderecha antes de desembocar en la Alianza Popular de Manuel Fraga, donde moderó su conservadurismo con el ideario del liberalismo cristiano, que determinaron las propuestas más liberales y menos estatistas del refundado Partido Popular, con el que ganó las elecciones.

Desde el principio, sus gobiernos se dedicaron a proyectar una idea nacional de España, un nacionalismo español que definía su patriotismo político, y a aplicar en la economía las fórmulas liberales más ortodoxas, que propugnan la desregulación económica, el adelgazamiento del peso del Estado, la privatización de empresas públicas, bajadas de impuestos y el resto del recetario del liberalismo económico. Heredando una coyuntura favorable, las medidas económicas de Aznar y su equipo produjeron unos buenos resultados, materializados en un crecimiento económico notable y el saneamiento de las finanzas.

En lo económico, pues, la derecha gobernante con Aznar consiguió el mayor crecimiento económico y de creación de empleo en la historia de España, como consecuencia de esa liberalización de la economía y de una fuerte contención del gasto del Estado.

Además, la privatización de aquellas empresas públicas calificadas como las “joyas de la corona” propició el ingreso de ingentes sumas de dinero a las arcas públicas. Es notorio que ello significó, por ejemplo, el final jurídico del monopolio de Telefónica, cuya presidencia cedió a un leal amigo de estudios, quien utilizó la fortaleza económica de la compañía para intentar doblegar al grupo de comunicación Prisa, editor de El País, el diario de mayor difusión de España, y propietario de la plataforma de televisión privada Canal+.

Otras empresas privatizadas fueron la eléctrica Endesa, la petrolera Repsol, la siderúrgica Aceralia, la bancaria Argentaria, la tecnológica Indra y la manufacturera Tabacalera, entre otras. Excepción aparte fue el ente público audiovisual RTVE, que se conservó, a pesar de su abultado déficit, bajo las directrices del Gobierno, que no dudó en utilizarlo mediáticamente a su favor, recurriendo a procedimientos descarados de manipulación y sectarismo político. Nunca antes la credibilidad y la objetividad de la Televisión pública había sido tan baja.

En lo concerniente al empleo, el crecimiento económico y la flexibilización del mercado del trabajo se tradujo en una disminución notable del desempleo, pero también en la precarización de los contratos y la austeridad presupuestaria, llegándose a congelar el salario de los funcionarios, en 1997.

Además, se procedió a liberalizar el suelo urbanizable, lo que incentivó la construcción de viviendas, pero también el inicio de la llamada “burbuja inmobiliaria”, de efectos retardados. No hay que olvidar que, en lo económico, la entrada del euro y la desaparición de la peseta, con una política monetaria dependiente del Banco Central Europeo, fue sumamente beneficiosa para la saneada economía española, potenciando su crecimiento y estabilidad.

En lo social, Aznar emprendió una reforma del gasto rural que contemplaba la paulatina extinción del Plan de Empleo Rural (el conocido PER), que estaba destinado a los jornaleros de Andalucía y Extremadura, y la supresión del subsidio por desempleo agrario, aunque durante las negociaciones aceptó una cobertura alternativa. Durante aquellos años, España fue el país de la UE que menos ayudas ofrecía a las familias más necesitadas y el que menor porcentaje del PIB destinaba al gasto social.

No menos conflictiva, a lo largo de las dos Legislaturas, fue la reforma de la Educación, tendente a sustituir la LOGSE socialista por la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación) del Partido Popular. Además de reintroducir la asignatura de Religión en el Bachillerato, la reestructuración de las Humanidades prevista provocó una fuerte confrontación con los partidos nacionalistas vasco y catalán, por invadir competencias de sus autonomías en la materia y por la “revisión” que hacía de la Historia de España, en la que se ocultaba la existencia de los pueblos que la integran, al tiempo que exaltaba la unidad indeclinable de España como entidad político y cultural monolítica.

Igual controversia desató la Ley de Ordenación Universitaria (LOU), por crear agencias de evaluación de centros, implantar la Reválida, eliminar la incompatibilidad de la docencia en la Universidad pública con los centros privados y por vulnerar la autonomía universitaria para elegir a sus rectores, entre otras medidas.

Igualmente, fue muy discutida su reforma de la Ley de Extranjería, al endurecer considerablemente sus condiciones y por la facultad que concedía al Ministerio de Interior de repatriar de manera expeditiva a los inmigrantes indocumentados.

En política exterior, Aznar hizo un viraje hacia el férreo alineamiento atlantista y pronorteamericano, que culminó con el apoyo incondicional de España a la intervención norteamericana en Irak, que motivó una fuerte contestación social. También se decantó hacia posiciones pro-Israel en su conflicto con los palestinos, abandonando las tradicionales relaciones con los países árabes.

Su identificación con los postulados del neoliberalismo norteamericano, encarnados por el presidente Bush, lo alejaron de la moderación histórica hacia las naciones hispanoamericanas que practicaba la política exterior española. Endureció sus exigencias a gobiernos de izquierda de aquella región, como el de Cuba, adonde desaconsejó una visita oficial de los Reyes de España.

Al final, sus posturas intransigentes, que evidenciaban formas autoritarias de hacer política, la manipulación mediática para desvirtuar la verdad, la erosión de los servicios públicos, la utilización política de las víctimas del terrorismo, el acaparamiento de la Constitución (proyecto, por cierto, que no votó en su día el líder conservador) y de la unidad de España para arrogarse su interpretación y combatir al adversario político y, sobre todo, la tergiversación del atentado yihadista del 11 de marzo de 2014, cometido en Madrid y que causó cerca de doscientos muertos, intentando adjudicar su autoría a ETA, dieron la puntilla a los gobiernos de derechas de la era de Aznar.

La soberbia, sus veleidades imperialistas (la boda de su hija en El Escorial) y los escándalos de corrupción que afloraron también bajo su mandato (Gescartera, la trama Gürtel, el responsable de su “milagro” económico, el ministro Rodrigo Rato, actualmente en prisión, etc.), agotaron su prestigio, alimentaron la desconfianza en su partido y, en menos de cuarenta y ocho horas, lo desalojaron del poder de forma imprevista. La izquierda, contra todo pronóstico, volvía a gobernar España.

DANIEL GUERRERO

lunes, 27 de abril de 2020

  • 27.4.20
Es oportuno, para saber a qué atenernos, elaborar de vez en cuando un balance de lo conseguido por gobiernos de distinto color en la historia reciente de nuestro país. Un repaso somero de lo logrado para la sociedad por las distintas ideologías gobernantes podría servir para distinguir, con la verdad fáctica de los hechos, la diferencia entre unas y otras, y los intereses que las guían u orientan, no siempre al servicio del interés común.



Evidentemente, la valoración aquí expuesta no es exhaustiva ni se ajusta a un criterio de escrupulosa objetividad, lastrado siempre por la subjetividad del compilador, pero intenta ser honesto y respetar la realidad. De una valoración así se deduce, como conclusión general, que existen diferencias sensibles, respecto al progreso y los beneficios para la ciudadanía, entre lo perseguido y logrado por la derecha y lo ambicionado y realizado por la izquierda en España.

Y, a partir de esta información, se puede fundamentar la confianza que merecen las formaciones de una y otra ideología y la credibilidad de sus propuestas o promesas. Tal vez esto sea un objetivo demasiado ambicioso para un artículo periodístico, pero de lo que no cabe duda es que es un ejercicio sumamente interesante.

Hay que advertir, de entrada, que este balance, para que fuera viable, tuvo que arrancar en la restauración democrática en nuestro país, puesto que el período anterior había sido monopolizado por una dictadura durante más de cuarenta años, que no consentía los partidos políticos ni había posibilidad de que ninguna ideología pudiera manifestarse, como no fuera la fascista del dictador, so pena de cárcel o condena de muerte, bajo la acusación de rojo, masón o subversivo, sinónimos para un único delito: discrepar u oponerse a la opresión.

Por tanto, el repaso de lo realizado desde la Transición hasta la fecha, toda nuestra más reciente e histórica etapa democrática, constituye el material de este balance tan provisional como refrescante y emotivo.

Se inicia, como no podía ser de otra manera, con los sucesores de la dictadura, esa derecha que la sobrevivió, debidamente actualizada en sus formas, que no en su fondo, y que heredó el poder tras la muerte del dictador y la desaparición de su régimen.

Emergió en un contexto internacional y europeo que exigía la transformación del régimen franquista en una democracia formal y liberal, condición indispensable para que España fuese aceptada como un miembro más, con los mismos derechos y sin vetos por su singularidad autoritaria, entre las democracias del entorno. Era imprescindible, por tanto, una metamorfosis del régimen desde el punto de vista político, pero también social y económico.

Tal transformación no fue fruto de una repentina “iluminación” de los herederos del franquismo, sino una exigencia del contexto internacional, una demanda de la sociedad española, deseosa de respirar aires libres y permisivos, y una condición ineludible para el crecimiento económico y comercial. De este modo, no hubo más remedio que hacer la metamorfosis.

La gran suerte es que también hubo personas, miembros jóvenes del viejo régimen, que afrontaron el reto con enorme honestidad y valentía política, a pesar de que existían sectores muy poderosos del aparato franquista –Ejército, oligarquía, la jerarquía católica...– que no estaban dispuestos a acometer cambio alguno, como demostraron con el frustrado Golpe de Estado de febrero de 1981.

Y es en aquel ambiente enrarecido en el que emerge la figura de Adolfo Suárez (antiguo ministro del Movimiento, en 1975), entre otros (Torcuato Fernández Miranda, Fernando Suárez...), como líder providencial. Un político tan milagroso como la moderación de una oposición, incluso en la clandestinidad, que también supuso un factor positivo que favoreció lo que posteriormente conocemos como la Transición: el paso incruento de la dictadura a la democracia.

En este balance ideológico habría que valorar de positivos los resultados de los distintos gobiernos de Suárez en la cimentación para la modernización de España y el saber conducirla desde los restos de la dictadura hacia un régimen democrático comparable a los europeos.

Así, permitió la existencia de los partidos políticos, incluido el comunista (la bestia negra del franquismo), y la legalización de los sindicatos; elaboró leyes para que las Cortes franquistas se hicieran el “haraquiri” y dieran paso a otra cámara que representara realmente la voluntad popular, libremente expresada en las urnas; culminó los Pactos de la Moncloa, consiguiendo el apoyo de la oposición para encarar reformas estructurales que permitieran equilibrar la economía, frenando la inflación y creando con el IRPF una fiscalidad progresiva, y encaminar la sociedad hacia un futuro de progreso y libertad. Y lo más destacado, consiguió que bajo su mandato se elaborara la Constitución, el texto legal que todavía hoy ampara y regula nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Es indiscutible que la derecha española, bajo las riendas de Adolfo Suárez, se apuntó a su favor el trascendental paso de transitar desde el impresentable régimen dictatorial hacia la democracia de una manera pacífica, además de poner los mimbres para la necesaria modernización política y social del país, como puso de manifiesto la primera ley del Divorcio de la democracia, que aprobó en 1981 con el rechazo frontal de la Iglesia Católica y de sectores democristianos de su propio partido.

Es cierto que tal transformación no fue obra de una persona en solitario, pero el presidente Suárez fue quien logró concitar los consensos y los talentos que la hicieron posible. Por tal razón, no hay que restarle los méritos ni el protagonismo que se merece, a pesar de que se creó enemigos, dentro y fuera de su partido, que finalmente consiguieron derribarlo del poder, materializado con su dimisión en 1981, tras cerca de cinco años al frente del Ejecutivo.

Nunca antes, la derecha española había sido menos dogmática y más abierta al progreso social, aunque es verdad que venía de una etapa de total cerrazón. Pero también actuó con menos sectarismo como en el futuro haría, como veremos. En cualquier caso, en el haber de Adolfo Suárez destaca haber sido el primer presidente de Gobierno de la Democracia y ganar las primeras elecciones democráticas celebradas en este país (1977 y 1979). Lo que no es poco.

Tras ese hundimiento de una derecha metamorfoseada, ascendió una izquierda representada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el cual había ganado las elecciones de 1982 que convirtieron a Felipe González en el primer presidente de un Gobierno socialista en España, después de la dictadura, un cargo que conservaría durante cuatro legislaturas consecutivas, 14 años. Es un período extremadamente dilatado como para que se produzcan luces y sombras.

Las dos primeras legislaturas fueron prolijas en “luces”, pues estuvieron dedicadas a la consecución de una serie de reformas tendentes a consolidar la democracia y reforzar el llamado Estado de Bienestar. Fruto de tales esfuerzos, es justo señalar como logros de la izquierda la reducción de la jornada laboral, desde las más de 60 horas que se podían efectuar, a 40 horas semanales, y el aumento a un mes de vacaciones al año para todo trabajador.

También, el impulso de la modernización de la enseñanza y de la sanidad, mediante leyes orgánicas que extendieron la enseñanza pública gratuita hasta los 16 años, incorporando el sistema de colegios concertados, y ampliaron la asistencia sanitaria pública, gratuita y universal a todos los españoles, sin depender de las cotizaciones de los trabajadores.

En política exterior, los gobiernos socialistas consiguieron la integración de España en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, y aseguraron una nueva alianza de seguridad con la OTAN, iniciativa esta última que obligó al PSOE a cambiar su posición inicial, contraria a la OTAN, a la de liderar un referéndum de carácter consultivo a favor de la permanencia en la misma, logrando tal objetivo.

También suscribieron un nuevo Convenio de Cooperación Militar con EE UU que permitió reducir sus contingentes en nuestro país y limitar su presencia a las bases de utilización conjunta de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz). Al mismo tiempo, gracias a negociaciones bilaterales con Reino Unido, pudieron abrir la “verja” de Gibraltar y restablecer las comunicaciones y el tránsito de personas, vehículos y mercancías entre España y la colonia.

Un aspecto delicado en aquellos tiempos era el Ejército. Sin embargo, los gobiernos socialistas impulsaron un proceso reformador de las Fuerzas Armadas, con objeto de democratizar al Ejército y restarle privilegios y tendencias tutelares de la sociedad.

Con tacto y decisión, lograron que estas Fuerzas estuvieran subordinadas al poder civil, evitando así, o al menos minimizando, cualquier intento de sublevación o golpe de Estado. Además, pasaron a estar integradas en la estructura de la OTAN, lo que les hacía participar de otra cultura de servicio profesional al país y de defensa de la democracia e intereses españoles en cualquier parte del mundo. No menos trascendental fue el ingreso de la mujer en las Fuerzas Armadas, en 1988.

En lo económico, los Gobiernos socialistas emprendieron desde la primera legislatura la modernización de la estructura industrial del país, en su mayor parte obsoleta y subsidiada, incapaz de competir. Las reconversiones emprendidas por los socialistas, tanto en la industria pesada como en la siderurgia y los astilleros, tuvieron consecuencias traumáticas para el empleo y el impacto económico en varias regiones, como el País Vasco, Cantabria, Valencia, Andalucía y otros.

Tales reconversiones acarrearon dos huelgas generales en el país, secundadas incluso por el sindicato socialista UGT, que se desmarcó de la política gubernamental. Por otra parte, el Gobierno procedió a la expropiación del holding de Rumasa, un grupo empresarial privado, propiedad de José María Ruiz Mateos, que, según el ministro de Economía, Miguel Boyer, se hallaba virtualmente en quiebra.

Los socialistas también acometieron la reestructuración y redefinición de todas las empresas de titularidad pública, un entramado de más de 200 sociedades de múltiples sectores, como SEAT, Sidenor, Enagás..., con objeto de liquidar las que no fueran rentables y abrir al mercado, mediante la venta de acciones en bolsa, a las restantes.

Toda esta modernización de la economía y del tejido industrial estaba enfocado a su adecuación a los estándares europeos y, después del ingreso en la CEE en 1986, a una política de subvenciones acorde con los criterios de racionalidad y viabilidad que exigía Bruselas.

España, tras años de negociaciones, logró adherirse a la Comunidad Económica Europea, un Acta que firmó Felipe González en 1985. La pertenencia a la CEE, cuyo ingreso formal se produjo el 1 de enero de 1986, junto con Portugal, supuso transformar el proteccionismo estatal y una economía autárquica en una estructura más sólida y competitiva que pudiera insertarse en el conjunto del Mercado Interior Único, después de un periodo de adaptación y reformas, en un afán por reducir el diferencial con los países socios e igualar la media de renta comunitaria. Todavía estamos en ello.

En lo que pudiera ser su bandera más preciada, los socialistas, en lo social, se atrevieron a despenalizar parcialmente el aborto, con la promulgación de una ley de interrupción del embarazo en centros públicos o privados, que contemplaba tres supuestos: en caso de violación (hasta las primeras 12 semanas de gestación), si existían taras graves o psíquicas del feto (hasta las 22 semanas) y en caso de riesgo grave para la salud física y psíquica de la madre (sin límite temporal).

En un país católico y tradicionalmente conservador, esta liberalización de las costumbres desató una fuerte polémica, llegando incluso a ser recurrida por los conservadores ante el Tribunal Constitucional. A camino entre lo económico y lo social se podría destacar la celebración de la Exposición Universal en Sevilla y la Olimpiadas en Barcelona, en 1992, por los réditos que dieron en ambos aspectos.

Capítulo aparte merece la lucha contra el terrorismo, fundamentalmente, de ETA. Con Felipe González, que logró el acuerdo denominado Pactos de Ajuria Enea, que comprometieron a las fuerzas políticas con la democracia y en contra del terrorismo, se comenzó a derrotar la sangrienta historia de la banda terrorista y ganar el apoyo de la ciudadanía.

También se cometieron graves errores, como la creación de los GAL (Grupos antiterroristas de liberación) y la “guerra sucia” contra ETA. Esta chapuza policial, financiada por el Ministerio del Interior, degeneró en el declive de los gobiernos socialistas, que, además, acumularon durante su larga permanencia en el poder varios casos de corrupción (Casos Filesa, Ibercorp, Juan Guerra, Roldán...) que socavaron la confianza en ellos y, finalmente, los apearon de la poltrona.

El declive socialista fue paulatino y abarcó sus dos últimas legislaturas, hasta que, en 1996, la derecha recupera el poder, consumido el período de gobiernos socialistas. Pero eso ya formará parte de otro capítulo.

DANIEL GUERRERO

lunes, 20 de abril de 2020

  • 20.4.20
Nuestros hábitos están cambiando por culpa de la pandemia vírica que estamos sufriendo. Las medidas de higiene y de protección sanitaria han entrado en nuestras vidas con intención de permanecer largo tiempo. No es solo que hagamos acopio de papel higiénico, sino que las mascarillas y el lavado frecuente de manos con geles hidroalcohólicos seguirán formando parte de nuestras rutinas hasta más allá del verano, si no se quedan como costumbres consolidadas entre nosotros. Todo sea por defendernos de la infección que un coronavirus sumamente contagioso ha propagado por el mundo, sin que nadie haya podido evitarlo.



Nos han obligado a mantener la distancia social entre nosotros, usar guantes sin demasiada precaución (si tocamos todo con los guantes, transmitimos con ellos toda probable contaminación) y permanecer encerrados en nuestros domicilios cerca de dos meses, todo ello con la finalidad de erradicar o, al menos, mantener a raya una epidemia que se ha cobrado miles de vidas en nuestro país, aparte de enfermar, con o sin síntomas, a centenares de miles de ciudadanos, probablemente a millones de ellos.

De este modo, nos hemos vuelto desconfiados, temerosos e hipócritas con los que nos rodean y dependientes de ritos de desinfección que creemos milagrosos para esquivar el contagio del dichoso virus. Pero vamos a necesitar un antiséptico aún mucho más potente para combatir las amenazas que vienen detrás de la pandemia, tan intensas y tóxicas como ella.

En primer lugar, una vez levanten el confinamiento y se haga realidad la anunciada desescalada hacia la normalidad, tendremos que echar lejía a las manchas que limitaban o suspendían derechos y libertades, consagrados por la Constitución, con el pretexto de luchar más eficazmente contra la pandemia.

A cambio de seguridad, hemos cedido parcelas de libertad e intimidad con objeto de controlar la propagación de la infección, cayendo en un dilema falso que, ahora, tendrá que anularse. Por su culpa, consentimos la instalación en nuestros teléfonos de aplicaciones que rastrean los movimientos de los ciudadanos para que las autoridades pudieran controlar el cumplimiento del confinamiento.

Permitimos que se produjeran abusos y detenciones arbitrarias en las calles, cuyo rigor no se atiene ni a la proporcionalidad ni a la ponderación de la eficacia. Las advertencias y los castigos anunciados para los infractores suponían más una coacción que información pertinente. Todo lo anterior constituyen señales inequívocas de una tendencia hacia el autoritarismo por parte de nuestros gobernantes. Y por eso hay que desinfectar al Gobierno de toda tentación totalitaria y fascista en el desempeño de sus funciones.

Por igual motivo, cualquier decisión que afecte a los derechos de los españoles, así como a su convivencia en libertad, deberá recabar el refrendo de las Cortes españolas, sede de la soberanía nacional. Desaparecido el Estado de alarma, el Gobierno debe dejar de actuar como mando único en todo el territorio, con poderes prácticamente ilimitados, y asumir solo la capacidad ejecutiva que le corresponde, contrapesada con los otros poderes del Estado, el legislativo y el judicial.

Es perentorio recuperar la “normalidad” democrática en la acción del Gobierno y de las instituciones al día siguiente de levantar el Estado de alarma. Para ello, hay que eliminar la mugre autoritaria que haya podido adherirse al uso del poder. Y ello necesitará litros de desinfectante.

En todo caso, no habrá lejía suficiente para mantenernos protegidos de los riesgos para la economía y las finanzas que la crisis sanitaria ha provocado. Las consecuencias económicas y sociales serán inmensas y, como siempre, golpearán de pleno a los más indefensos y necesitados.

No habrá antisépticos en el mundo para evitar que el desempleo y la precariedad vuelvan a necrosar la piel de los pobres. Serán muchos, tras el paso de la epidemia, los que continuarán en las urgencias de la sociedad esperando ser atendidos con la justicia y la dignidad que se merecen. Son los pisoteados por el sistema económico y los abusos laborales de nuestro país.

Ya fueron víctimas de la última Recesión financiera y, ahora, volverán a ser los perjudicados por la Gran Depresión que el coronavirus ha desencadenado. Sobre ellos han caído los ERTE, la inviabilidad del negocio para muchos autónomos, el desempleo para millones de asalariados, las previsibles condiciones de inestabilidad y precariedad laboral que todavía serán más dolorosas, si cabe; el cinismo de las entidades financieras, que se publicitaron como si fueran oenegés, en su estrategia por aprovechar la pandemia para seguir actuando como corresponde con su verdadero rostro: especular y obtener las mayores ganancias posibles. Así, interrumpieron momentáneamente los desahucios, pero no dejaron de cobrar intereses a quien no pueden pagarlos, solo los retrasaron.

La nueva amenaza es que el capital querrá recuperar de manera inmediata el lucro cesante. Y que Hacienda no concederá más plazos para reclamar impuestos a los contribuyentes. Llegado ese día, ya no habrá aplausos en los balcones para los sanitarios, la policía, los bomberos y, mucho menos, para los parados.

Tampoco para los ancianos que pagaron con sus vidas las insuficiencias de unas residencias construidas con finalidad mercantil y no asistencial, tal y como puso al descubierto un simple virus letal, propiciando que la Seguridad Social se ahorrase un buen pellizco en pensiones. ¿Cuántos bocoyes de lejía harán falta para limpiar tanta inmundicia?

También será preciso borrar la ilusión que nos causa el populismo, sea de derechas o de izquierdas, que infecta las sociedades más desarrolladas del planeta, incluida la española. Nos engatusa con promesas de resolver todos los problemas que nos inquietan, mediante recetas sencillas, más emocionales que racionales, que achacan siempre la responsabilidad a “otro”, al adversario político, al extranjero o al diferente.

Y, para ello, se vale de la falsificación, la manipulación o la mentira más burda, en el convencimiento de que seremos receptores crédulos de sus mensajes y consignas, porque nos gusta creer que no somos mejores por culpa de los demás.

De igual modo hemos de protegernos de los “listos”, de los que critican toda iniciativa sin presentar alternativa alguna, demostrando que “es fácil ser el más listo cuando todo ha pasado”, como advirtió Enzensberger, y obviando intencionadamente las trastadas que cometieron antaño y que posibilitaron las dificultades del presente.

Podemos hallar populistas en todo el país, exigiendo mascarillas y respiradores a manos llenas después de privatizar cuanto pudieron trozos importantes de la sanidad pública. O los que aprovechan esta crisis para autoelogiarse, contratando mensajes publicitarios en los medios de comunicación, y aparentar una gestión envidiable. Incluso los hay que no dejan de adelantar medidas sociales sin que estén técnica y presupuestariamente elaboradas.

Es fácil verlos también en otras latitudes, tanto en Europa como en América, donde exhiben su fanatismo, ignorancia y sectarismo en cuestiones vitales, cual esta pandemia. Todos intentan convertir la mentira en verdad porque consideran a la verdad una amenaza y la ciencia, un peligro que desmiente sus falsedades o exageraciones.

Frente a ellos solo cabe que el juicio crítico y la razón fundada alimenten la opinión pública. Es necesario estar atentos para no dejarse seducir con cantos de sirenas que harán realidad la peor de nuestras pesadillas, en la que aflora la podredumbre de los seres humanos: el odio, la intransigencia, la desigualdad, el fanatismo y la insolidaridad.

Tras esta emergencia sanitaria, si es que la llegamos a superar, no hay duda de que nos aguarda una crisis social y económica que nos obligará a seguir utilizando desinfectantes que sean capaces de arrancar todas las adherencias tóxicas que han endurecido nuestra piel y nuestra conciencia, embotándonos la sensibilidad. Con seguridad, será más difícil de afrontar, más duro aún que el confinamiento. Así que, apretaos el cinturón.

DANIEL GUERRERO

lunes, 13 de abril de 2020

  • 13.4.20
Conforme la infección se ha ido extendiendo por el planeta, algunos gobernantes dicharacheros han tenido que arrepentirse del menosprecio y la infravaloración con que saludaron la aparición de una pandemia causada por el virus Covid-19 en el mundo. Sobrevaloraron su propia capacidad de enfrentarse a ella, creyendo que sus países serían inmunes a una epidemia que desconoce fronteras tanto como ellos humildad e inteligencia. Y han tenido que tragarse sus palabras y adoptar medidas que descalificaron como propias de sociedades vulnerables o crédulas de un conocimiento basado en la ciencia que ellos se permiten cuestionar, como el que preconiza el cambio climático.



Tales líderes, negacionistas de la racionalidad empírica cuando contraviene sus intereses, forman parte de una lista de charlatanes que, aunque corta, representa lo más granado de la necedad mundial y el populismo redentorista y demagógico. Bocazas que, en el caso de la pandemia, no dudaron en mofarse de unas medidas excepcionales de prevención adoptadas en otras latitudes para aislar a la población, confinándola en sus domicilios, y así frenar la propagación de una epidemia que se expande de manera increíble.

Tampoco les importó que dichas medidas fueran aconsejadas en consenso por la comunidad científica, integrada por médicos, epidemiólogos, sociólogos y virólogos, entre otros expertos, con objeto de proteger a la población por encima de cualquier otra consideración.

Sin embargo, cuando el azote pandémico hubo alcanzado a sus países, han tenido que desdecirse de sus descalificaciones y tomar taza y media del caldo que habían rechazado. Al final, han tenido que actuar con idéntica improvisación que cuestionaron en otros, a pesar de sus balandronadas iniciales. Se han visto superados por la tozuda realidad que negaban en un afán por anteponer la economía y los negocios a las vidas humanas.

A estas alturas de una desgracia que a todos nos tiene acogotados, es posible señalar a los insensatos que gobiernan países con la osadía del ignorante, incapaces de apreciar una emergencia sanitaria, inédita en nuestra época, hasta que no la tienen encima. Estos son los más destacados de entre ellos. Y los más peligrosos:

Boris Johnson, el premier británico conocido por su pelo alborotado, como sus ideas, y por sacar a Inglaterra de la Unión Europea, estaba convencido de que luchar contra la pandemia del virus Covid-19 mediante el confinamiento de la población era una tontería, puesto que el patógeno acabaría inevitablemente contagiando a más de la mitad de los habitantes del Reino Unido.

Pensaba, por consiguiente, que lo más acertado sería que las personas afrontaran la enfermedad para que un 60 por ciento de ellas acabara adquiriendo inmunidad, “inmunidad de grupo”. Tales cálculos comprendían que, de los 40 millones de británicos que enfermarían, el uno por ciento moriría por la letalidad del virus, es decir, unas 400.000 personas.

El líder parecía, así, asumir que esa cifra de “daños colaterales” sería inevitable en su estrategia para enfrentarse a la mayor pandemia que se produce este siglo en el mundo. Estaba decidido, por tanto, a retrasar, como así hizo, el cierre de escuelas y el aislamiento de la población –como hicieron otros países–, al confiar en que la inmensa mayoría de los contagios, según su hipótesis, sería de jóvenes y personas saludables que adquirirían esa “inmunidad de grupo” al superar la enfermedad como si padecieran un simple resfriado o gripe. Se supone que el resto de la población tendría que esperar a que el virus desapareciera por sí solo o engrosar el balance de damnificados a causa de la soberbia de un gobernante ignaro.

El torrente de críticas vertidas por retrasar esa implantación de las medidas de prevención, encaminadas a limitar el avance de la pandemia en su país, sólo surtió efecto cuando el propio primer ministro acabó siendo contagiado por la enfermedad, curiosamente un día después de que el príncipe Carlos también contrajera la infección.

Su pretensión de no decretar la cuarentena total, subestimando la epidemia en aras de proteger la economía, tuvo que ser descartada cuando el propio Boris Johnson pasó a formar parte del contingente de probables “daños colaterales” del virus. Una irresponsabilidad que pudo salirle cara, puesto que tuvo que ser ingresado en una UCI hospitalaria al agravarse su estado de salud y presentar problemas respiratorios que podrían interesar su vida, el destino previsto para ese uno por ciento de compatriotas que le resultaban indiferentes.

Otro consumado charlatán, líder mundial del populismo nacionalista, nativista y racista, es Donald Trump, presidente de Estados Unidos de América (EE UU). Del mismo modo que su colega británico, también creyó que el asunto no sería para tanto y que tenía el virus “controlado en este momento, es un problema muy pequeño”, como lo despachó en un mitin.

Su obsesión era entonces que la Bolsa de Nueva York fuera bien y no reflejara como amenaza para la economía a una pandemia que se inició en China. Incluso esta procedencia de la epidemia le sirvió a Trump para continuar su enfrentamiento comercial con aquel país, tratando de desprestigiarlo al bautizar despectivamente al germen como el “virus chino”.

Se jactó de frivolizar, en todas sus apariciones públicas, con las consecuencias humanas de una epidemia de la que había minimizado su verdadera magnitud, a pesar de las evidencias científicas y las reacciones de los países donde surgía cada foco nuevo. Su gran temor era, y es, que la emergencia de esta crisis sanitaria anulara los aspectos positivos de una economía que, de momento, parecía responder a sus iniciativas aislacionistas y proteccionistas, tal vez el único argumento favorable para su reelección en las presidenciales del próximo noviembre.

Pero, como Boris Johnson, calculó mal. EE UU es actualmente el nuevo epicentro de la pandemia, al contar con el mayor número de contagiados del mundo, con una tasa de crecimiento imparable y un número de fallecidos también creciente.

La gravedad de la situación es tal que el presidente de Salud Pública norteamericano, Jerome Adams, ha declarado que el país vivirá este momento “como el de Pearl Harbor o el del 11-S”, ante el elevado número de muertes que se espera. Hasta fosas comunes se cavan ya para enterrar a los muertos por la infección no reclamados.

Reacio a implantar el aislamiento social, Trump no ha tenido más remedio que reconocer que el confinamiento era necesario en gran parte del país, como en California o Nueva York, ciudad ésta última en la que la situación es crítica y escasean los recursos materiales y humanos para combatir la emergencia sanitaria.

De hecho, la propia Casa Blanca estima ahora que el Covid-19 podría dejar entre 100.000 y 200.000 fallecidos en el país. Y, como en el resto del mundo, la lucha por adquirir respiradores, mascarillas y test de diagnóstico ha llevado a varios estados de la Unión a competir entre ellos por comprarlos donde sea. Ni el país más poderoso del mundo estaba preparado para esto.

Es por ello que la ignorancia de algunos gobernantes, como estos, resulta nefasta para la población de sus países, al ser incapaces de percibir los problemas reales a los que deben enfrentarse, en vez de dedicarse a los problemas ficticios que inventan para exhibir su supuesto talento y dotes de mando. Su cinismo se hace patente a la hora de echar la culpa a los demás cuando las cosas les salen mal.

Así, acostumbrado a mentir y practicar la demagogia, Donald Trump critica ahora a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por no advertir con tiempo de la magnitud de esta pandemia y por desaconsejar, en su inicio, el cierre de fronteras. Fiel a su obsesión, Trump deduce que la OMS actúa en beneficio de China, razón por la que amenaza con restringir la contribución financiera de EE UU a ese organismo. Utiliza cualquier motivo para hacer política, en este caso, su guerra comercial con China.

Pero hacer política con el virus es la peor estrategia para combatirlo e intentar salvar el mayor número posible de vidas. Pero es lo más fácil cuando no se sabe qué hacer y la actitud ha sido, desgraciadamente, no sólo errónea sino contraproducente, hasta el extremo de convertir a su país en el mayor foco de la infección actualmente en el mundo.

Eso sí, por si acaso, Donald Trump se ha hecho reiterados análisis durante todo este tiempo para comprobar que no se ha contagiado, mientras dejaba inerme a sus conciudadanos frente a una epidemia que minimizaba, guiado por prejuicios ideológicos, como buen charlatán hipócrita.

Pero un ejemplo aún más vergonzoso y ridículo de este comportamiento populista, ignorante y manipulador es el ofrecido por el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro. Este ni siquiera se digna rectificar, como los anteriores, sino que continúa relativizando la gravedad de la pandemia que comienza a asolar su país.

Tampoco quiere admitir que las restricciones sociales sean necesarias para intentar detener su expansión entre la población. Ni reconoce que esta emergencia constituya una crisis mundial que exige una respuesta extraordinaria. Su negacionismo es tan radical que hasta ministros de su gobierno empiezan a cuestionar y desconfiar de su liderazgo.

Y es que un líder, que se permite afirmar públicamente que contagiarse de este virus no es para preocuparse, pues es como padecer una gripezinha o un resfriadinha, no constituye ninguna sorpresa, sino un peligro evidente. Su incontinencia verbal es motivo suficiente para descalificarlo por ignorante e inhabilitarlo para todo cargo público. No se puede poner la salud de las personas y el destino de una nación en manos de personajes tan endebles intelectualmente, cuyas anteojeras ideológicas le impiden seguir los consejos de los expertos en las materias que han de tratar.

Terco como todo fanático, Bolsonaro sigue empeñado en defender el comercio y la economía antes que a los brasileños, razón por la que se niega reconocer la realidad y a imponer una cuarentena a la población, aun cuando varios gobernadores y alcaldes del país ha decretado confinamientos en sus respectivos territorios.

Incluso, va en contra de los deseos de los ciudadanos, porque, según un sondeo, un 76 por ciento de los encuestados está a favor de encerrarse en sus casas para detener la propagación de una epidemia que se cebaría sobre los más desprotegidos e indefensos. No hay que olvidar que más de 13 millones de personas viven en Brasil hacinados en asentamientos poblacionales informales, sin servicios básicos y sin un empleo estable que garantice a sus moradores ingresos económicos.

No es de extrañar, por tanto, que la pandemia tenga probabilidades de propagarse como la pólvora por unas favelas que ni tienen, ni el gobierno les presta, protección suficiente para contenerla. Tal situación podría desencadenar una enorme crisis sanitaria en Brasil, un país que es ya uno de los más castigados por la pandemia en Latinoamérica.

Sin embargo, ello no quita el sueño al mandatario ultraderechista brasileño, para quien las muertes provocadas por la epidemia no son más preocupantes que las causadas por los accidentes de tráfico. “¿Van a morir algunos? Lo siento. Esta es la vida, así es la realidad”, dijo para justificar su decisión de mantener a toda costa la actividad económica del país.

Su fanatismo ideológico le lleva, incluso, a desafiar las medidas dictadas por su propio Ministerio de Salud y solicitar a los brasileños, excepto los ancianos, que regresaran al trabajo y no se quedaran confinados en sus domicilios.

Al contrario que Johnson y Trump, que acabaron, aunque tarde, reconociendo la magnitud de la tragedia, Bolsonaro se empecina en ignorar las recomendaciones científicas que aconsejan el confinamiento para controlar la pandemia, evitar el colapso de los servicios sanitarios de salud, no sufrir desabastecimiento de los recursos y limitar el número de fallecidos. Como todos los charlatanes ignorantes, habla de lo que no sabe y, lo que es peor, pone en riesgo la vida de los demás gratuitamente, por mero interés partidista.

Son muchos los que se comportan como los descritos. Pero estos son los más groseros e impresentables, no sólo ante sus propios conciudadanos, sino ante el mundo entero. Y, sin embargo, el miedo y la demagogia con los que enfrentan a sus votantes a dilemas falsos (seguridad frente a libertades), los encumbran y mantienen en el poder, aun cuando por su actitud, su sectarismo, su ignorancia y su mediocridad representen más un peligro que una solución para el interés general. Ahí están y por sus hechos los conocemos.

DANIEL GUERRERO

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