La Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA) ha denunciado hoy la "situación crítica" que atraviesan los empleados despedidos de la empresa egabrense Transportes Sanitarios Sur de Córdoba (TSC), que ha cesado su actividad dejando a sus trabajadores sin salario desde hace seis meses.
Según ha manifestado el sindicato a través de un comunicado remitido a Andalucía Digital, "esta empresa lleva sin pagarle a sus trabajadores desde hace seis meses, sin que la Junta de Andalucía haya adoptado alguna actuación para solucionar este problema". Además, CTA ha confirmado que la firma egabrense ha sido denunciada ante la Consejería de Salud y Consumo por, presuntamente, "desviar transporte público financiado por la Administración para realizar servicios externos ajenos a la sanidad pública".
"Todavía no tenemos ningún tipo de resolución de la Junta de Andalucía, pero este sindicato aportó todos los datos necesarios para realizar esta inspección", han asegurado desde la organización sindical, que ha recordado que los trabajadores iniciaron una huelga el pasado 24 de enero, tras la que han sido "suplantados por nuevas contrataciones", lo que CTA considera una "violación" de sus derechos laborales. Todo ello, unido a la paralización del proceso electoral, ha sido calificado como "ilícito penal" por los servicios jurídicos de CTA, por lo que han interpuesto las correspondientes denuncias.
Tal y como informó Montilla Digital, la empresa envió el pasado viernes un documento a los empleados informándoles de la suspensión de sus contratos hasta que la nueva adjudicataria los subrogara. Sin embargo, CTA denuncia que "esto equivale a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que no ha seguido el procedimiento legal".
"Tendrían que haberlo comunicado a la autoridad laboral, haber abierto un plazo de 15 días de negociaciones, haber emitido informe la Inspección de Trabajo y haber procedido a la suspensión de los contratos de trabajo. Pero nada de eso se ha hecho, por lo que se puede entender que existe un cierre patronal ilegal", ha denunciado la organización sindical.
Además, CTA ha alertado sobre la inclusión en este supuesto ERTE de trabajadores que están de baja médica o en huelga, algo que también califica de "ilegal". "La Inspección de Trabajo no ha hecho nada ante las denuncias que se han efectuado por este sindicato y las autoridades sanitarias, menos", ha aseverado la organización, que señala a la Junta de Andalucía como "responsable de la inacción en este conflicto".
Por otro lado, el sindicato ha criticado que la Seguridad Social haya denegado el pago directo de las prestaciones por incapacidad temporal a los trabajadores afectados, "a sabiendas de que las prestaciones por Incapacidad Temporal de los trabajadores se las está quedando la empresa". También denuncian que "el pago mensual de la Junta de Andalucía" sigue en manos de la empresa "a pesar del incumplimiento con los empleados".
En el sur de Córdoba, todos los traslados de pacientes, tanto de urgencia como programados, son realizados por el Grupo Servicios Socio Sanitarios Generales (SSG). Sin embargo, en el Hospital Comarcal de Montilla y en el Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE) de Puente Genil el servicio de ambulancia es llevado a cabo por dos empresas: SSG –que se encarga de los traslados urgentes– y TSC –que se venía encargando de los servicios programados–.
En ese sentido, en relación con la continuidad del servicio, el sindicato ha afirmado que "los servicios mínimos de una ambulancia de programados y otra de urgencias son las únicas que hay en servicio", y que la empresa SSG, encargada del transporte sanitario en Córdoba, es la que está cubriendo estos servicios, aunque, según la CTA, sin comunicarlo formalmente a los trabajadores. "Esta empresa, aunque sea de forma eventual, también tiene la obligación de subrogar a los trabajadores", ha concluido la organización sindical.
En respuesta a este conflicto, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, declaró este jueves en el Parlamento andaluz que la empresa adjudicataria ha "engañado" tanto a la Administración autonómica como a los trabajadores, por lo que ahora deberá "asumir la responsabilidad legal de ese engaño", al haber incumplido su contrato.
Hernández aseguró que la Junta ha seguido "todos los pasos bajo la legalidad" y que la empresa ya ha sido denunciada para evitar el "alzamiento de bienes". Además, explicó que este pasado martes se notificó oficialmente la rescisión del contrato y se abrió un expediente sancionador.
La consejera también subrayó que la Junta "está haciendo lo que puede" dentro de su marco legal, pero que la resolución del conflicto económico deberá ser determinada por los tribunales. Mientras tanto, los trabajadores continúan sin cobrar sus nóminas y el servicio de transporte sanitario sigue en una situación de incertidumbre.
Según ha manifestado el sindicato a través de un comunicado remitido a Andalucía Digital, "esta empresa lleva sin pagarle a sus trabajadores desde hace seis meses, sin que la Junta de Andalucía haya adoptado alguna actuación para solucionar este problema". Además, CTA ha confirmado que la firma egabrense ha sido denunciada ante la Consejería de Salud y Consumo por, presuntamente, "desviar transporte público financiado por la Administración para realizar servicios externos ajenos a la sanidad pública".
"Todavía no tenemos ningún tipo de resolución de la Junta de Andalucía, pero este sindicato aportó todos los datos necesarios para realizar esta inspección", han asegurado desde la organización sindical, que ha recordado que los trabajadores iniciaron una huelga el pasado 24 de enero, tras la que han sido "suplantados por nuevas contrataciones", lo que CTA considera una "violación" de sus derechos laborales. Todo ello, unido a la paralización del proceso electoral, ha sido calificado como "ilícito penal" por los servicios jurídicos de CTA, por lo que han interpuesto las correspondientes denuncias.
Tal y como informó Montilla Digital, la empresa envió el pasado viernes un documento a los empleados informándoles de la suspensión de sus contratos hasta que la nueva adjudicataria los subrogara. Sin embargo, CTA denuncia que "esto equivale a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que no ha seguido el procedimiento legal".
"Tendrían que haberlo comunicado a la autoridad laboral, haber abierto un plazo de 15 días de negociaciones, haber emitido informe la Inspección de Trabajo y haber procedido a la suspensión de los contratos de trabajo. Pero nada de eso se ha hecho, por lo que se puede entender que existe un cierre patronal ilegal", ha denunciado la organización sindical.
Además, CTA ha alertado sobre la inclusión en este supuesto ERTE de trabajadores que están de baja médica o en huelga, algo que también califica de "ilegal". "La Inspección de Trabajo no ha hecho nada ante las denuncias que se han efectuado por este sindicato y las autoridades sanitarias, menos", ha aseverado la organización, que señala a la Junta de Andalucía como "responsable de la inacción en este conflicto".
Por otro lado, el sindicato ha criticado que la Seguridad Social haya denegado el pago directo de las prestaciones por incapacidad temporal a los trabajadores afectados, "a sabiendas de que las prestaciones por Incapacidad Temporal de los trabajadores se las está quedando la empresa". También denuncian que "el pago mensual de la Junta de Andalucía" sigue en manos de la empresa "a pesar del incumplimiento con los empleados".
En el sur de Córdoba, todos los traslados de pacientes, tanto de urgencia como programados, son realizados por el Grupo Servicios Socio Sanitarios Generales (SSG). Sin embargo, en el Hospital Comarcal de Montilla y en el Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE) de Puente Genil el servicio de ambulancia es llevado a cabo por dos empresas: SSG –que se encarga de los traslados urgentes– y TSC –que se venía encargando de los servicios programados–.
En ese sentido, en relación con la continuidad del servicio, el sindicato ha afirmado que "los servicios mínimos de una ambulancia de programados y otra de urgencias son las únicas que hay en servicio", y que la empresa SSG, encargada del transporte sanitario en Córdoba, es la que está cubriendo estos servicios, aunque, según la CTA, sin comunicarlo formalmente a los trabajadores. "Esta empresa, aunque sea de forma eventual, también tiene la obligación de subrogar a los trabajadores", ha concluido la organización sindical.
La Junta se defiende y señala a la empresa
En respuesta a este conflicto, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, declaró este jueves en el Parlamento andaluz que la empresa adjudicataria ha "engañado" tanto a la Administración autonómica como a los trabajadores, por lo que ahora deberá "asumir la responsabilidad legal de ese engaño", al haber incumplido su contrato.
Hernández aseguró que la Junta ha seguido "todos los pasos bajo la legalidad" y que la empresa ya ha sido denunciada para evitar el "alzamiento de bienes". Además, explicó que este pasado martes se notificó oficialmente la rescisión del contrato y se abrió un expediente sancionador.
La consejera también subrayó que la Junta "está haciendo lo que puede" dentro de su marco legal, pero que la resolución del conflicto económico deberá ser determinada por los tribunales. Mientras tanto, los trabajadores continúan sin cobrar sus nóminas y el servicio de transporte sanitario sigue en una situación de incertidumbre.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA
FOTOGRAFÍA: PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA
