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lunes, 16 de diciembre de 2019

  • 16.12.19
Tras un año instalado en el Gobierno de Andalucía, el Partido Popular (PP) ha encontrado tres cajas fuertes que supuestamente estaban “ocultas” en la sede de la Agencia pública IDEA, dentro de las cuales fueron hallados documentos en sobres lacrados relativos a los ERE que podrían suponer nuevas pruebas sobre aquel escándalo que afecta a los gobiernos anteriores del PSOE y por el que han sido condenados dos expresidentes y otros ex altos cargos socialistas.



Al parecer, en algunos de esos papeles, entre escrituras, copias y otros documentos, figuran dos convenios suscritos en 1998 por la Junta de Andalucía, “sin membrete y sin pasar por la Intervención”, pero firmados por el entonces consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, y el vicepresidente de la empresa Campofrío, cuya filial en Jaén, Campocarne, los utilizaría para crear 300 puestos de trabajo, en los que consta que el Gobierno andaluz se comprometía a no reclamar la devolución de unas ayudas que la UE consideró finalmente como ilegales y competencia desleal.

La noticia, dada a conocer en rueda de prensa por el consejero andaluz de Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, resulta sorprendente, no por inverosímil, sino por su sospechosa “oportunidad”, que incluye el teatral tono de gravedad y alarma mostrado por el político conservador.

Se suma a otras denuncias similares que, desde que el PP desalojó al PSOE del poder, han sido hechas públicas de una manera tan escalonada que parecen responder más al deseo por mantener la sospecha permanente sobre gobiernos anteriores que por dilucidar responsabilidades y subsanar errores.

Todas ellas tienen en común el desvelamiento de supuestas irregularidades, despilfarros y falta de control cometidos durante la extensa época (33 años) de gobiernos socialistas en Andalucía. Después de la sentencia de los ERE, las listas de espera en Sanidad y las vacunas no utilizadas, ahora se añaden los papeles ocultos, que han sido enviados a la Fiscalía.

Y llama la atención, primero, porque el actual Gobierno andaluz, formado por PP y Ciudadanos (Cs), ha tardado un año en tropezar con unos archivadores no empotrados (al contrario que las cajas fuertes), tan grandes como armarios y dotados de cerradura en sus puertas, y leer la documentación que se guardaba en su interior. Todo un alarde de diligencia escrutadora en un ente al que el PP tenía, desde sus tiempos de oposición, como objeto de sus pesquisas sobre la corrupción y el clientelismo de los gobernantes socialistas.

Precisamente, la macrocausa sobre el llamado caso Avales, impulsada por ellos y que implicaba a directivos de la agencia, fue archivada por la jueza instructora el mismo día en que el Consejo de Gobierno conservador procedía a “descabezar” toda la cúpula directiva de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), un instrumento para dinamizar la economía regional mediante ayudas, préstamos y avales a pequeñas y medianas empresas, y la captación de inversiones en el extranjero. Tras ese carpetazo del caso y el nombramiento de nuevos directivos, aparecen de pronto, ahora, desconocidos archivadores y “papeles” que vuelven a comprometer a pasados gobiernos socialistas.

Es asimismo llamativo, en segundo lugar, que documentos de hace veinte años, que encubren fondos dispuestos arbitrariamente y sin sujeción a controles bajo la apariencia de préstamos que benefician a una empresa en concreto, lo que evidenciaría sendos delitos de prevaricación y malversación, se dejen sin más en un archivador de un organismo que pasa a ser dirigido por otro Gobierno de distinto color, sin que consten membretes, registros de entrada y salida y demás burocracia administrativa, salvo la rúbrica de las partes firmantes. Hay que ser muy torpes para no percatarse de “cajas fuertes” como roperos, pero más torpe aún para dejar pruebas documentales de arbitrariedades delictivas en los mismos.

Si no fuera, además, porque el sorprendente hallazgo en la Junta de Andalucía coincide curiosamente con otro hallazgo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, del PP y Cs, de cerca de 200 adjudicaciones de contratos, realizadas entre 2009 y 2013 por diversas consejerías madrileñas en los tiempos de Esperanza Aguirre, que incluyen una cláusula que nutría la caja B del Partido Popular (financiación ilegal), similar a la que investiga un juez de la Audiencia Nacional de otras 50 adjudicaciones de la misma época en una pieza del caso Púnica, diríamos que sería demasiada casualidad tanta torpeza en abandonar y encontrar papeles en Andalucía. La “oportunidad” de un hallazgo, aunque se refiera a hechos diferentes, parece guardar cierta relación con otro hallazgo que afecta a la formación descubridora.

Y esa es una tercera paradoja: la credibilidad y la probidad del Partido Popular dejan mucho de desear, con sus mochilas bien cargadas de corrupción e irregularidades, para que en Andalucía quiera presentarse como ejemplo de Gobierno honrado y transparente, que denuncia y persigue el abuso, el despilfarro, el fraude y los delitos… siempre y tanto sean cometidos por otros.

Por ello, son tantas las cuestiones que llaman la atención en el “descubrimiento” de los papeles “olvidados” por los socialistas en Andalucía, y todas ellas apuntan a ejercicios de distracción, que nos sorprendería mucho que del mismo deriven repercusiones penales. La propagandística y mediática se da por descontada, lo que, tal vez, fuera su verdadero objetivo. No sería extraño, pues, que los “papeles” quedasen en simple papel mojado.

DANIEL GUERRERO

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