En medio de una clara y sistemática estrategia de ataque a la universidad pública y, en general, al legado de la ilustración, no es tiempo de sofismas curialescos, de charlatanería insulsa, ni de beatería de consumo para titulares de prensa. No podemos en España seguir con declaraciones de saldo y ocasión o meros gestos mientras nuestro sistema público de educación superior y, por extensión, la ciencia y la tecnología, es sometido a un proceso destituyente de incalculables consecuencias para el futuro del desarrollo del país.
En esta coyuntura histórica, y visto el marco de deliberación en el espacio público, sirva el principio de docta ignorancia para vindicar, en términos negativos, no tanto la defensa de la universidad pública como la liquidación de la deriva mercantilista y de cooptación del sector por el capital financiero, los fondos especulativos y una derecha ultramontana iliberal, que, como siempre, se muestra enemiga del conocimiento y la educación pública.
La cuestión no es solo la proliferación de centros que incumplen la ley y requerimientos de lo que debe ser una universidad, sino el socavamiento de los principios de igualdad y libertad de acceso al conocimiento. La entrada en escena de fondos como Portobello, CVC o EQT impugna no solo la función de movilidad social de la universidad pública, sino que amenaza el futuro de la investigación y el cultivo del conocimiento, esto es, la función social de la Universidad so pretexto del principio de libertad de elección que encubre la mercantilización de un derecho.
En Andalucía y Madrid, sabemos bien de qué se trata: desregulación de los flujos financieros y la especulación de fondos buitre, concentración de capital cognitivo, sometimiento de las instancias de decisión colectiva y académica, flexibilización de la oferta y la total privatización y explotación intensiva de la fuerza de trabajo creativa, en un proceso que no es otra cosa que una forma de acumulación por desposesión que termina siendo despojo. El resultado: desigualdad, pobreza intelectual y moral y, como hace muchos años advirtiera Ortega, dependencia cultural.
La americanización de la universidad, o lo que es lo mismo, el sometimiento de la enseñanza superior y la vida académica a un modelo de burocracia empresarial o tecnocracia es una malversación del espíritu ilustrado, una traición a la tradición humboltiana que ha venido operando, por la vía de externalización de servicios, por medio de la cultura de la competitividad interna y externa, con la financiación condicionada por resultados, y una fragmentación y organización instrumental que ha terminado deteriorando la calidad del servicio y precarizando al profesorado anegado de tareas improductivas a efectos de la evaluación de calidad.
Pero para garantizar las condiciones ventajosas para la oferta privada de mercado ha sido necesario, como ilustra una lección básica de la economía política, la producción artificial del principio de escasez y necesidad, induciendo el colapso, la asfixia financiera y el desprestigio continuado a fin de realizar el proceso de transferencia no ya de recursos públicos del Estado a centros de dudosas capacidades, sino especialmente el trasvase del capital simbólico de la pública, y previsiblemente de talento humano, a los centros que han proliferado estos últimos años.
La Universidad-Empresa, de la que ha participado el sistema público de educación superior, asumiendo el marco de Bolonia acríticamente, constituye en este sentido, una precondición del modelo de acumulación del Capitalismo Cognitivo en la llamada cuarta revolución industrial.
Es una apuesta irrenunciable del pogromo neoliberal defendido desde los años ochenta por la OCDE y una deriva consustancial al proceso de restauración del capital que, sobre las ruinas del Estado de Bienestar, aspira a hacer monetizable todo derecho y servicio público protegido.
La democratización del acceso conseguida en los años ochenta con la ampliación de matrícula y nuevos campus es hoy revertida por dos vías fundamentales de reversión del derecho a la educación: la privatización de la oferta formativa y el estrangulamiento financiero.
La desregulación del sistema de educación superior en función de intereses corporativos, muchas veces ajenos al sector como los fondos buitre o corporaciones como Atresmedia, se ha traducido como resultado en una mayor estratificación social, marcando jerarquías y pirámides semifeudales propias de la era de las Big Tech.
La campaña de Trump contra las universidades, el enemigo declarado, según el vicepresidente Vance, actualiza así la línea de choque del Documento de Santa Fe y la estrategia de roll back de la era Reagan traduciendo en la práctica una política que en Estados Unidos ha supuesto una asfixia económica de 400 millones de dólares a la Universidad de Columbia, sanciones a los Rectores de la Cornell University y la Universidad de Harvard, y en España, en la Comunidad de Madrid el acoso y derribo de la institucionalidad democrática de las universidades públicas, particularmente la Universidad Complutense de Madrid (UCM), al borde de la quiebra y suspensión de pagos.
Por no hablar de lo que, expresa o disimuladamente, han venido anunciando los portavoces de las derechas ultramontanas. Nos referimos a lo que Noam Chomsky describió como medidas correctivas y dispositivos de dominio que empiezan a operar en nuestras instituciones como la autocensura, el miedo de las autoridades académicas y la estrategia de victimización contra el principio de libertad de cátedra
La universidad, el conocimiento, ni se compra ni se vende, pero mientras tanto los operadores privados vienen minando las bases del modelo de desarrollo agudizando las contradicciones entre los procesos de individualización posesiva de los sujetos de la educación y la necesaria construcción de comunidad universitaria, entre autonomía del sistema y creciente heterodeterminación, entre jóvenes investigadores y docentes precarizados y académicos seniors, entre sistema público y actores privados incardinados en la universidad o entre estabilidad e innovación en la era de la IA.
Sabemos que todo pensamiento es simiente de acción. Y que conocer es atreverse a saber, preguntar, no responder y adaptarse al marco que nos es dado. Ante este panorama, es el momento de darle la vuelta a los términos del marco lógico que nos han impuesto y vindicar la universidad y el conocimiento como un ámbito de lo común, pese a la tragedia que viven los comunes en tiempos de libre comercio. En la práctica ello implica asumir cuando menos cinco líneas estratégicas de actuación:
La deriva de sociedad anónima en la educación superior, la universidad particular, es contraria al humanismo y al principio de universalidad. Sin una política de lo común en educación superior no hay futuro, desarrollo posible ni derecho de acceso a la educación de la ciudadanía.
La experiencia de Chile y Estados Unidos así lo demuestra. Así que, frente a la destrucción creativa de la dialéctica de cercamiento de la formación y el conocimiento, ni gente sin plazas universitarias, ni plazas universitarias sin gente.
Hora de construir en este tiempo de mudanza una Universidad de la cuarta revolución industrial en la que su institucionalidad y la lógica de producción de conocimiento esté al servicio de la emancipación social, del bien común y no de intereses particulares. El futuro de la democracia depende de ello.
En esta coyuntura histórica, y visto el marco de deliberación en el espacio público, sirva el principio de docta ignorancia para vindicar, en términos negativos, no tanto la defensa de la universidad pública como la liquidación de la deriva mercantilista y de cooptación del sector por el capital financiero, los fondos especulativos y una derecha ultramontana iliberal, que, como siempre, se muestra enemiga del conocimiento y la educación pública.
La cuestión no es solo la proliferación de centros que incumplen la ley y requerimientos de lo que debe ser una universidad, sino el socavamiento de los principios de igualdad y libertad de acceso al conocimiento. La entrada en escena de fondos como Portobello, CVC o EQT impugna no solo la función de movilidad social de la universidad pública, sino que amenaza el futuro de la investigación y el cultivo del conocimiento, esto es, la función social de la Universidad so pretexto del principio de libertad de elección que encubre la mercantilización de un derecho.
En Andalucía y Madrid, sabemos bien de qué se trata: desregulación de los flujos financieros y la especulación de fondos buitre, concentración de capital cognitivo, sometimiento de las instancias de decisión colectiva y académica, flexibilización de la oferta y la total privatización y explotación intensiva de la fuerza de trabajo creativa, en un proceso que no es otra cosa que una forma de acumulación por desposesión que termina siendo despojo. El resultado: desigualdad, pobreza intelectual y moral y, como hace muchos años advirtiera Ortega, dependencia cultural.
La americanización de la universidad, o lo que es lo mismo, el sometimiento de la enseñanza superior y la vida académica a un modelo de burocracia empresarial o tecnocracia es una malversación del espíritu ilustrado, una traición a la tradición humboltiana que ha venido operando, por la vía de externalización de servicios, por medio de la cultura de la competitividad interna y externa, con la financiación condicionada por resultados, y una fragmentación y organización instrumental que ha terminado deteriorando la calidad del servicio y precarizando al profesorado anegado de tareas improductivas a efectos de la evaluación de calidad.
Pero para garantizar las condiciones ventajosas para la oferta privada de mercado ha sido necesario, como ilustra una lección básica de la economía política, la producción artificial del principio de escasez y necesidad, induciendo el colapso, la asfixia financiera y el desprestigio continuado a fin de realizar el proceso de transferencia no ya de recursos públicos del Estado a centros de dudosas capacidades, sino especialmente el trasvase del capital simbólico de la pública, y previsiblemente de talento humano, a los centros que han proliferado estos últimos años.
La Universidad-Empresa, de la que ha participado el sistema público de educación superior, asumiendo el marco de Bolonia acríticamente, constituye en este sentido, una precondición del modelo de acumulación del Capitalismo Cognitivo en la llamada cuarta revolución industrial.
Es una apuesta irrenunciable del pogromo neoliberal defendido desde los años ochenta por la OCDE y una deriva consustancial al proceso de restauración del capital que, sobre las ruinas del Estado de Bienestar, aspira a hacer monetizable todo derecho y servicio público protegido.
La democratización del acceso conseguida en los años ochenta con la ampliación de matrícula y nuevos campus es hoy revertida por dos vías fundamentales de reversión del derecho a la educación: la privatización de la oferta formativa y el estrangulamiento financiero.
La desregulación del sistema de educación superior en función de intereses corporativos, muchas veces ajenos al sector como los fondos buitre o corporaciones como Atresmedia, se ha traducido como resultado en una mayor estratificación social, marcando jerarquías y pirámides semifeudales propias de la era de las Big Tech.
La campaña de Trump contra las universidades, el enemigo declarado, según el vicepresidente Vance, actualiza así la línea de choque del Documento de Santa Fe y la estrategia de roll back de la era Reagan traduciendo en la práctica una política que en Estados Unidos ha supuesto una asfixia económica de 400 millones de dólares a la Universidad de Columbia, sanciones a los Rectores de la Cornell University y la Universidad de Harvard, y en España, en la Comunidad de Madrid el acoso y derribo de la institucionalidad democrática de las universidades públicas, particularmente la Universidad Complutense de Madrid (UCM), al borde de la quiebra y suspensión de pagos.
Por no hablar de lo que, expresa o disimuladamente, han venido anunciando los portavoces de las derechas ultramontanas. Nos referimos a lo que Noam Chomsky describió como medidas correctivas y dispositivos de dominio que empiezan a operar en nuestras instituciones como la autocensura, el miedo de las autoridades académicas y la estrategia de victimización contra el principio de libertad de cátedra
La universidad, el conocimiento, ni se compra ni se vende, pero mientras tanto los operadores privados vienen minando las bases del modelo de desarrollo agudizando las contradicciones entre los procesos de individualización posesiva de los sujetos de la educación y la necesaria construcción de comunidad universitaria, entre autonomía del sistema y creciente heterodeterminación, entre jóvenes investigadores y docentes precarizados y académicos seniors, entre sistema público y actores privados incardinados en la universidad o entre estabilidad e innovación en la era de la IA.
Sabemos que todo pensamiento es simiente de acción. Y que conocer es atreverse a saber, preguntar, no responder y adaptarse al marco que nos es dado. Ante este panorama, es el momento de darle la vuelta a los términos del marco lógico que nos han impuesto y vindicar la universidad y el conocimiento como un ámbito de lo común, pese a la tragedia que viven los comunes en tiempos de libre comercio. En la práctica ello implica asumir cuando menos cinco líneas estratégicas de actuación:
- 1. La democratización del derecho de acceso, formación y egreso de todos los ciudadanos independientemente de su renta o condición social. Si la Universidad no cumple ya la función de movilidad social ascendente y de igualación, es preciso una política pública que revierta los dispositivos de cercamiento y privatización de un servicio público esencial para la democracia y el desarrollo nacional.
- 2. La organización de nuevas formas de participación y funcionamiento de la Universidad y de la producción social del conocimiento necesario en línea con propuestas como las que hemos venido liderando de Ciencia Ciudadana, hoy una exigencia estratégica en la era de la Inteligencia Artificial.
- 3. La construcción de comunidad en la academia y la producción científica con la ciudadanía. Más allá de los Consejos Sociales, la transferencia de conocimiento debe implicar articulación social, la construcción de lo común que contribuya a la creación de sentidos de pertenencia socialmente referenciada en lugar de la atonía y anomia social que sitúa la Universidad en una posición irrelevante o de insignificancia pública.
- 4. La territorialización y enraizamiento de los centros universitarios en su espacio social de referencia, construyendo campus, agendas y políticas institucionales acordes con la demanda de la sociedad civil y sus instituciones de ámbito local frente al modelo de universidades chiringuito de los fondos especulativos que hoy empiezan a marcar la agenda del PP y Vox y los debates sectoriales que están teniendo lugar en las autonomías gobernadas por las fuerzas ultraconservadoras.
- 5. La planificación de un sistema financiero plurianual y estable que alcance al menos el 1 por ciento del PIB para converger con los países de nuestro entorno, evitando el principio de escasez inducida para beneficiar el mercado artificiosamente.
La deriva de sociedad anónima en la educación superior, la universidad particular, es contraria al humanismo y al principio de universalidad. Sin una política de lo común en educación superior no hay futuro, desarrollo posible ni derecho de acceso a la educación de la ciudadanía.
La experiencia de Chile y Estados Unidos así lo demuestra. Así que, frente a la destrucción creativa de la dialéctica de cercamiento de la formación y el conocimiento, ni gente sin plazas universitarias, ni plazas universitarias sin gente.
Hora de construir en este tiempo de mudanza una Universidad de la cuarta revolución industrial en la que su institucionalidad y la lógica de producción de conocimiento esté al servicio de la emancipación social, del bien común y no de intereses particulares. El futuro de la democracia depende de ello.
FRANCISCO SIERRA CABALLERO
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL
ILUSTRACIÓN: ANDALUCÍA DIGITAL
