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domingo, 13 de mayo de 2018

  • 13.5.18
Aunque sea insistir en lo mismo y repetir lo consabido, hay que volver a señalar la nefasta dirección que, desde que gobierna el Partido Popular, se ha adueñado de Radiotelevisión Española (RTVE), el organismo de titularidad estatal que engloba a Televisión Española (TVE) y a Radio Nacional de España (RNE), medios públicos de comunicación.



Desde que Mariano Rajoy accedió al Gobierno en 2012, la mayoría absoluta que consiguió en el Parlamento le permitió designar sin consenso al director del Ente entre los correligionarios afines a su ideología y partidarios convencidos de las políticas conservadoras y sectarias que ha implementado su Ejecutivo.

Y decimos que el prestigio de la RTVE va a peor porque este Gobierno se ha empeñado en teledirigir, desde el primer día, los medios de comunicación bajo su control, marcando la directriz y el sesgo de la información que elaboran y difunden, sin respeto a la labor de los profesionales que trabajan en ellos ni la credibilidad e independencia a que deberían deberse o, al menos, perseguir.

El deterioro laboral, la desconfianza entre los trabajadores y la fuga de los profesionales más destacados ha sido el triste balance de una gestión encaminada más a servir de apoyo propagandístico o gabinete de prensa del Gobierno que de servicio público a los ciudadanos, que es lo que justifica supuestamente su existencia.

Rajoy se encontró en 2012 con el mayor y más avanzado esfuerzo, por parte del anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, de dotar a TVE de la autonomía financiera y la independencia orgánica y profesional que jamás se haya acometido nunca.

Ya en su momento hicimos una valoración de aquel proyecto reformista, que perseguía, en 2006, que la calidad y el prestigio fueran las señas de identidad de la Televisión pública española, siguiendo el modelo de la BBC inglesa. Fue entonces cuando se eliminaron los anuncios de una televisión que se entendía no debía competir por la tarta publicitaria con los medios generalistas privados, sino centrarse en su vocación de servicio público a cambio de una prestación a cargo de los Presupuestos del Estado que complementara la autonomía financiera del organismo.

También se legisló para que el presidente del Ente Público fuese elegido por una mayoría de dos tercios del Parlamento para evitar lo que sucedió después, que el Gobierno de turno con mayoría absoluta impusiese de manera discrecional a su candidato, sin consenso.

Y se elaboró un Estatuto de RTVE que posibilitaba la elección, sin consultar al Gobierno, de periodistas de intachable trayectoria para dirigir los espacios informativos de la Radio y la Televisión estatales con criterios profesionales, basados en la independencia y el rigor.

Todo aquello fue barrido de un plumazo por el Gobierno del Partido Popular, siguiendo la tradición de la derecha española de destruir y eliminar todo lo que la izquierda haya construido o impulsado. Así, del mismo modo que se ha dejado sin efecto la Ley de Dependencia al no dotarla presupuestariamente, se ha intentado denodadamente dar marcha atrás con la Ley del Aborto, se sigue obstaculizando con denuedo la Ley de Memoria Histórica o se efectuaron recortes draconianos, con la excusa de una crisis económica que no debiera afectarles, en la Sanidad, la Educación, las becas o en los subsidios y otras ayudas a desempleados y desfavorecidos, también se ha laminado la autonomía e independencia de los medios de comunicación de titularidad estatal, sometiéndolos a tutela gubernamental y a la conveniencia del partido en el Gobierno.

Una situación que ha devenido intolerable a causa de las denuncias periódicas de los propios profesionales de la RTVE y de los sindicatos con representación en el Ente, por los escándalos producidos constantemente por la emisión de informaciones tendenciosas y la omisión de noticias que perjudicaban al Gobierno o alguno de sus miembros, incluso por los desplantes y actuaciones de su presidente, no sólo cuando obvia el criterio profesional mayoritario de sus trabajadores, sino también a la hora de rendir cuentas y someterse al control parlamentario de su gestión.

Pero tal situación intolerable se ha transformado en inaguantable cuando el partido que había modificado hacia peor aquel modelo perdió su mayoría absoluta y se vio forzado a suscribir, tras siete años de manipulación a su antojo, un acuerdo con la oposición para retomar la independencia y el criterio profesional en la dirección de RTVE.

Tal es el grado de deterioro que, si las cosas iban mal para estos medios públicos de comunicación, acontecimientos recientes demuestran que ahora, además, se precipitan inexorablemente hacia lo peor. Porque no es sólo que el Gobierno sea renuente, mediante bloqueos y subterfugios continuos, a materializar el acuerdo arriba indicado para recuperar una dirección transparente e imparcial, sino que todos los problemas que ha creado la obsesión manipuladora del Gobierno traspasarán nuestras fronteras y llegarán hasta el Parlamento Europeo.

Europa examinará la manipulación gubernamental de los medios públicos de comunicación. El próximo miércoles se expondrán, ante la Comisión de Peticiones del Europarlamento, los casos más flagrantes de manipulación y censura en TVE que demuestran que se están violando el derecho a la información de los ciudadanos y la libertad de prensa en España. Una delegación del Consejo de Informativos de TVE pedirá al Parlamento Europeo que inste al Gobierno español a recuperar la independencia de RTVE y deje de utilizarla como instrumento de propaganda gubernamental.

Pero la guinda que corona este pastel nauseabundo de injerencias del Gobierno contra la pluralidad en RTVE ha sido la evidencia de censura manifiesta producida en el centro territorial de TVE en la Comunidad Valenciana, donde se prohibió emitir un vídeo en el que se escuchaba a la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, hacer comentarios soeces y despectivos hacia un grupo de manifestantes pensionistas, concentrados en Alicante (“¡Qué ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles: pues os jodéis!”), que abucheaban a Rajoy. La periodista responsable de editar el informativo presentó su dimisión, por honestidad profesional, debido a la orden que recibió de la dirección para censurar el vídeo y prohibir su emisión.

Todo ello pone de relieve que, si graves son la dependencia del organismo público de comunicación con el Gobierno y las malas prácticas que conducen a la tergiversación de noticias, sesgar la información u ocultarla si cuestiona o perjudica al Ejecutivo, peor aún es mantener tal situación por intereses partidistas en perjuicio del derecho a la información de los ciudadanos, un derecho reconocido por la Constitución, además de un atentado contra la libertad de prensa.

De seguir así, en caída libre hacia lo peor, el futuro de RTVE será la irrelevancia, el absoluto desprestigio y, como colofón, su desaparición como medio de comunicación público al servicio de la sociedad. Tal vez este sea el objetivo último del Gobierno: hacer inviable RTVE para privatizarla, total o parcialmente, como ha hecho con muchas otras empresas de titularidad estatal.

Si fuera así, sería más rentable venderla siendo líder en su sector que hundiéndola en la mediocridad e inoperancia. En cualquier caso, se trata de una afrenta del Gobierno contra los intereses generales de los ciudadanos a estar informados con veracidad, rigor y pluralismo de las cosas que le afectan, sin manipulaciones ni censuras. Algo imperdonable.

DANIEL GUERRERO

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