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martes, 28 de marzo de 2017

  • 28.3.17
La "reorganización" del Laboratorio Agrícola y de la Estación Enológica de Montilla "no está cerrada”. Así lo subrayó ayer el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Francisco Zurera, durante la visita que cursó a las instalaciones de Bodegas Alvear en compañía del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, y del presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, Javier Martín.



El responsable territorial de Agricultura explicó que el borrador del decreto para la creación de una red en la que la Junta de Andalucía pretende integrar los laboratorios agrarios y pesqueros de la comunidad –y que, de facto, supondría el cierre del laboratorio ubicado en las instalaciones de la Oficina Comarcal Agraria, en la confluencia de la avenida de la Constitución y de la antigua travesía de la N-331– se encuentra aún en fase de estudio y, por tanto, “no se deben adelantar acontecimientos”.

Zurera abundó en la línea que avanzó a primeros de mes la propia Consejería de Agricultura, cuando defendió que este nuevo sistema pretende implantar un modelo “más eficiente”, con laboratorios “con una mejor dotación, adaptados a las exigentes técnicas analíticas modernas y que contribuirá a la optimización de recursos”.

"Necesitamos unos instrumentos públicos que sirvan, que sean útiles y competitivos", abogó el delegado, a la vez que hizo hincapié en que, en cualquier caso, la “redistribución de los servicios” –que en el borrador del decreto contempla el traslado desde Montilla hasta Córdoba del Laboratorio Agrícola y de la Estación Enológica– no llevará aparejados ajustes de personal, de ahí que lanzara un “mensaje de tranquilidad” a los trabajadores, que han iniciado una recogida de firmas en Internet.

De igual modo, y en referencia a la denuncia que planteó hace diez días el Grupo Municipal del Partido Popular sobre los perjuicios que acarrearía para el sector vitivinícola de Montilla-Moriles la reorganización del servicio, el titular de Agricultura se comprometió a mantener reuniones y encuentros con el sector “para que, en ningún caso, ese servicio tenga algún coste si se traslada finalmente a otro lugar”.

Un marco más competitivo

Por otro lado, Francisco Zurera destacó el “esfuerzo económico” realizado por la Junta de Andalucía a través de medidas como los Planes de Reestructuración y Reconversión del Viñedo, cuya nueva orden está dotada con 2,5 millones de euros y que, desde 2001, han permitido la modernización en la zona Montilla-Moriles de 3.069 hectáreas de vid de las cerca de 6.000 existentes, beneficiando a cerca de 1.200 viticultores.

"Hay que seguir avanzando en este objetivo para seguir siendo competitivos, por lo que esta reestructuración es necesaria y precisa", señaló el delegado, quien estimó en 29 millones de euros la inversión destinada a la modernización del viñedo cordobés en los últimos años.

Por su parte, el gerente de Bodegas Alvear, Fernando Giménez, se mostró convencido de que las nuevas tendencias de consumo hacen presagiar "años muy positivos” para el marco vitivinícola cordobés. "El sector del vino Montilla-Moriles está subiendo, algo que no se había producido hace muchos años, gracias a que corren nuevas corrientes y ha crecido el interés entre los consumidores", aseguró el responsable de Alvear, que pasa por ser la bodega más antigua de Andalucía.

J.P. BELLIDO / I. TÉLLEZ
FOTOGRAFÍA:JOSÉ ANTONIO AGUILAR
  • 28.3.17
La delegada de Consumo y Participación Ciudadana de la Diputación de Córdoba, Aurora Barbero, compareció ayer ante la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento de Andalucía con motivo de la tramitación de la nueva Ley de Participación Ciudadana.



Barbero agradeció en nombre de la Diputación de Córdoba la invitación a formar parte del proyecto de la Ley de Participación Ciudadana de Andalucía y aseguró que “esta ley llega en un buen momento y lo hace porque viene precedida de una experiencia y de acciones que ya se han venido realizando y que nos dan madurez a la hora de afrontar una regulación de la Participación Ciudadana”.

La delegada argumentó que “son numerosas las acciones que se están llevando a cabo en materia de Participación Ciudadana en las administraciones locales, ya que éstas han sido pioneras en el acercamiento a la ciudadanía, de ahí la importancia de esta Ley ya que nos permite avanzar en el camino”.

“Un claro ejemplo de este avance, es lo que la Diputación de Córdoba ha venido haciendo hasta ahora apostando por un ambicioso proyecto como es el Plan Impulso, un conjunto de actuaciones novedosas, actualizadas, vanguardistas y concretas que se están desarrollando desde el año 2015 y que tienen como horizonte el año 2019, todas ellas en concertación con los agentes sociales y económicos de la provincia y con la complicidad y la participación del conjunto de la sociedad cordobesa”, informó Aurora Barbero.

Además, la delegada recordó que se trata de “un plan que se sustenta en cuatro líneas estratégicas. Una de ellas es la denominada Córdoba Participativa que implica a toda la sociedad procurando así una transformación real y profunda de las fórmulas de gestión y gobierno, creándose espacios públicos de comunicación y participación que democraticen más si cabe la administración pública”.

En lo que a materia de Participación Ciudadana se refiere, “la Diputación de Córdoba ha incrementado sus partidas presupuestarias superando el millón de euros, lo que ha permitido crear líneas de ayudas para proyectos de Participación Ciudadana tanto para los ayuntamientos y las entidades locales autónomas como para las asociaciones de la provincia”, detalló Barbero.

Durante la comparencia, la delegada insistió en que “la Diputación de Córdoba está trabajando en un sinfín de actividades, eventos de promoción y dinamización en materia de Participación Ciudadana en la provincia de Córdoba y en jornadas que buscan propiciar un espacio de debate, diálogo, participación, aportación de propuestas e información y conocimiento a los diferentes actores implicados sobre los nuevos modelos de economía y gobernanza”.

En este marco, la Diputación de Córdoba sumará otra iniciativa que cobra un especial protagonismo como es el proyecto ‘Municipios Cordobeses inteligentes y sostenibles’, que cuenta, según la representante provincial con “cerca de 5 millones de euros de inversión cofinanciados a través del programa Red.es y la propia Diputación, que ha sido la única administración provincial española, así como la única entidad andaluza, seleccionadas en esta convocatoria”.

“Un programa que permitirá, entre otras cosas, poner en marcha plataformas de ‘Open data’ y ‘Gobierno Abierto’, que mejorarán la transparencia y la participación ciudadana en la gestión de la Diputación así como propiciarán un avance cuantitativo y cualitativo en cuanto a Administración Electrónica se refiere; un hecho que ha permitido que la Diputación de Córdoba obtenga el Premio ‘Ciudadanos’ el pasado mes de noviembre, el cual lreconoce en su modalidad de ciudades inteligentes, el compromiso de la entidad por la modernización de la administración con el fomento de la participación ciudadana”, concluyó la delegada.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
  • 28.3.17
La Consejería de Fomento y Vivienda ha atendido a un total de 12.153 familias de Andalucía mediante el sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de desahucios, entre octubre de 2012, fecha de su puesta en marcha, y finales de 2016. De ese conjunto, el año pasado este servicio abrió 1.225 expedientes, en su mayoría en el ámbito de la intermediación.



A través de este instrumento, la Junta presta apoyo a las familias en riesgo de pérdida de su vivienda habitual y permanente, ofrece información y orientación profesional de forma prioritaria y singularizada en todas las cuestiones relacionadas con el derecho a una vivienda digna, con especial atención a aquellas personas que carecen de los medios adecuados para la defensa de sus intereses. Igualmente, incluye intermediación con las entidades financieras y protección en caso de que se produzca la pérdida del inmueble.

Este sistema desarrolla una labor de apoyo y asesoramiento desde una perspectiva integral y personalizada y desde finales de 2015, la Junta ha convertido este servicio en una ventanilla única de la Administración autonómica para el ciudadano que ha sido despojado de su vivienda o está en riesgo de ello por el endeudamiento sobrevenido. Este sistema, enmarcado en el Plan de Vivienda y Rehabilitación, cuenta con la colaboración y con el soporte de las consejerías competentes en materia de empleo, servicios sociales, salud, consumo y justicia.

De los 12.153 expedientes atendidos desde octubre de 2012, un total de 1.468 casos acudieron a este servicio en la fase de prevención, 9.271 en la fase de intermediación y 1.414 en la etapa de protección. Durante el ejercicio pasado, de los 1.225 casos registrados, 98 se abrieron en la fase de prevención, 943 en intermediación y 184 en protección.

En la fase de prevención, el personal adscrito al sistema ha informado a los usuarios sobre temáticas muy diversas relacionadas con la forma de acceso a viviendas protegidas y el funcionamiento de los registros municipales de demandantes de VPO, la existencia de ayudas públicas, sobre todo de alquiler, o sobre los pasos a seguir en caso de encontrarse en situación de impago de hipotecas.

En el servicio de intermediación, los técnicos han asesorado desde octubre de 2012 a familias con deudas con las entidades financieras y, por tanto, en riesgo de perder su vivienda. En este ámbito, se dio información sobre las posibles vías de actuación y se medió, tanto con entidades financieras para lograr una reestructuración de la deuda, una quita de las cuotas de la hipoteca o daciones en pago, como con juzgados, cuando ya existen demandas judiciales con el fin de alcanzar una solución a sus problemas hipotecarios.

Asimismo, en el ámbito de la protección, las familias se han dirigido a ese servicio con el desahucio ya ordenado y en estado avanzado del proceso. En estos casos, los técnicos han puesto en marcha varias líneas de actuación, informando a los afectados sobre la necesidad de inscribirse en los registros de demandantes para acceder a una vivienda social pública o brindando apoyo en la tramitación de las ayudas existentes en materia de alquiler para obtener una alternativa habitacional.

Una batería de medidas

Además de este servicio, el Gobierno andaluz ha impulsado otras medidas en la lucha contra los desahucios, como la elaboración de una nueva Ley de Tanteo y Retracto, que permitirá a la Junta el ejercicio del derecho de compra preferente de viviendas incursas al final del proceso de ejecución hipotecaria para permitir a las familias afectadas permanecer en sus hogares mediante un alquiler social.

Esta norma ya cuenta con el informe del Consejo Económico y Social y próximamente será remitida al Consejo Consultivo para su dictamen, paso previo a su aprobación por parte del Consejo de Gobierno y su remisión al Parlamento para este periodo de sesiones.

A esta medida se suma el convenio suscrito por la Junta, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para abordar de manera coordinada el problema de los desahucios y anticipar la intervención social de apoyo a las familias en aquellos procedimientos que se encuentran en vía judicial.

Además, se añade el convenio firmado con la Sareb para la cesión temporal a la Administración autonómica de 400 viviendas en Andalucía para destinarlas a alquiler social y la concesión de ayudas económicas a las personas afectadas por estos desahucios para afrontar el sostenimiento de una vivienda, cuya cuantía inicial fue ampliada en 1,5 millones para poder atender todas las demandas en esta materia hasta llegar a los 3,8 millones.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

lunes, 27 de marzo de 2017

  • 27.3.17
Más de medio millar de personas se han sumado ya a una campaña de recogida de firmas en Change.org contra el cierre del Laboratorio Agroalimentario y de la Estación Enológica de Montilla, propuesto en el borrador del decreto para la creación de una red en la que la Junta de Andalucía pretende integrar los laboratorios agrarios y pesqueros de la comunidad, tal y como informó en primicia La Rambla Digital.



La campaña de recogida de firmas, promovida por uno de los empleados del centro montillano, insta a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural y a la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera a dar un paso atrás en su propuesta de cierre del laboratorio, ubicado en las instalaciones de la Oficina Comarcal Agraria, en la confluencia de la avenida de la Constitución y de la avenida de Málaga, junto al trazado de la antigua travesía de la N-331.

De igual modo, la iniciativa ciudadana pide suspender el traslado de este servicio a la capital cordobesa, dado que las actuales instalaciones se sitúan en la localidad de referencia de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.

"No entendemos que un laboratorio en el que el 95 por ciento o más de los análisis que realiza están basados en el vino, derivados de vino y vinagres se traslade fuera de la zona de máxima producción vitivinícola de la provincia, con el perjuicio que supone para la zona, para los bodegueros y para las cooperativas vitivinícolas de la DOP Montilla-Moriles", recoge la campaña iniciada en Change.org.

El laboratorio montillano, que junto con el de Jerez de la Frontera es el único de Andalucía que cuenta con una Estación Enológica, está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y cuenta con un personal altamente cualificado, así como con unas modernas instalaciones en las que la Junta de Andalucía invirtió alrededor de 500.000 euros en el año 2010.

El pasado 17 de marzo, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Montilla anunció su intención de defender en el próximo pleno de la Corporación una moción para solicitar la "unión y trabajo conjunto" de todos los grupos políticos para evitar el cierre del Laboratorio Agroalimentario y de la Estación Enológica.

La concejala popular Ana Belén Feria explicó que la propuesta recogida en el borrador del decreto sobre el que trabaja la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural "representa un recorte más de los servicios que se ofrecen a la ciudad de Montilla y a toda la zona vitivinícola" pues, como defendió, el Laboratorio Agroalimentario y la Estación Enológica atienden a los agricultores y viticultores de quince municipios.

La Junta defiende la "reordenación" del servicio

El proyecto relativo a la redefinición de la red de laboratorios agrarios y pesqueros de Andalucía ha recibido cerca de 70 comunicaciones de diferentes colectivos durante el proceso de consulta que permaneció abierto hasta el pasado 13 de marzo y que se están analizando "desde el punto de vista técnico", según avanzó la titular de Agricultura, Carmen Ortiz.

Según la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, el objetivo principal del proceso en el que trabaja su departamento es el de "mejorar la eficacia y eficiencia de los medios y recursos públicos", una tarea que, a su juicio, se está llevando a cabo "en base a criterios rigurosamente técnicos y desde la premisa del mejor servicio al ciudadano".

Para ello, según explicó la consejera, se reordenarán los recursos actuales integrándolos en una única red "a la altura de un sector agroalimentario y pesquero del siglo XXI, que garantice aún más la seguridad alimentaria y la lucha contra el fraude".

Además, la consejera afirmó que "se mantendrán todos los puestos de trabajo" y que la Junta de Andalucía tiene previsto "hacer una importante apuesta inversora" al tiempo que se avanza en la optimización de costes. En total, en estos centros desempeñan sus funciones 461 profesionales que dan cobertura analítica a la demanda generada por el tejido agroalimentario andaluz, así como a las necesidades de los particulares en lo relativo a ensayos, estudios y dictámenes.

Entre las finalidades del proyecto normativo que está elaborando la Junta se encuentra el refuerzo y la mejora de los servicios que ofrecen estos laboratorios, así como aumentar su capacidad de medios técnicos y humanos. La consejera defendió que, de esta forma, Andalucía contará con una red "más especializada y adaptada a las exigencias analíticas modernas, capaz de generar sinergias y estímulos profesionales".

En este sentido, Ortiz señaló que entre las premisas de base de la mejora a realizar, se encuentra su adaptación a las necesidades de los agricultores y ganaderos, es decir, que "sus resultados deben proporcionar calidad igual o mayor, y un tiempo de respuesta igual o inferior".

Actualmente, Andalucía cuenta con 19 centros especializados repartidos por todo el territorio andaluz: 18 integrados en la Red de Laboratorios Agroalimentarios y Estaciones Enológicas y en la Red de Laboratorios Agroganaderos, y un laboratorio de Control de Recursos Pesqueros. En 2016 estos centros han llevado a cabo un total de cinco millones de determinaciones analíticas.

I. TÉLLEZ / J.P. BELLIDO
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
  • 27.3.17
El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja-Córdoba), Ignacio Fernández de Mesa, lamentó ayer las palabras que pronunció el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en el pleno del Senado, en las que recomendaba a los agricultores y ganaderos “autoprotección” para evitar ser víctimas de robos.



Además de instar a las instituciones públicas a "implicarse realmente para hacer frente a una realidad que perjudica a los agricultores", desde la organización agraria pidieron ayer "que se cumplan realmente las penas", así como "un endurecimiento legislativo" y una "mayor eficiencia en la aplicación por parte de los tribunales del Código Penal" porque, a juicio de Fernández de Mesa, "se está viendo que es preciso, ya que los números de robos no dejan de ser constantes".

"Estos hechos pueden acarrear consecuencias aún más negativas porque cualquier día puede ocurrir algún incidente más grave, por lo que se hace necesario una intervención rápida y eficaz", defendió el presidente de Asaja-Córdoba.

Por ello, Fernández de Mesa defendió la necesidad de "dotar de más medios técnicos y humanos para seguir avanzando en la línea que se comenzó con la creación de los Equipos ROCA de la Guardia Civil, tras muchos años de reivindicaciones por parte de Asaja y de los agricultores, consiguiendo que finalmente se activara esta unidad".

Junto a ello, el presidente de la organización agraria sostuvo ayer que "es importante también un plan de inspección de puntos de compra sospechosos de aceituna robada" y que "se siga trabajando para que el Código Penal sea más duro para este tipo de delitos".

Asaja-Córdoba viene insistiendo en la necesidad de que los olivareros utilicen la Guía Acreditativa del Transporte o Circulación de Productos Agrícolas (Guía Conduce) para evitar los robos en el campo y que la Guardia Civil la solicite a las furgonetas y camiones de transporte. "En este documento se registra la procedencia y el destino de la mercancía recolectada que se transporta y permite a la Guardia Civil o a la Policía Nacional distinguirla de la mercancía que ha sido sustraída", recordó Fernández de Mesa.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR
  • 27.3.17
La Junta de Andalucía financiará con 35,4 millones de euros los programas de fomento del empleo y de la actividad empresarial previstos para 2017 por la fundación pública Andalucía Emprende. El Consejo de Gobierno ha autorizado la correspondiente subvención a esta entidad, adscrita a la Consejería de Economía y Conocimiento, para sus más de 260 centros en la comunidad autónoma.



La cantidad aprobada permitirá desarrollar este año servicios de apoyo para la creación de más de 12.000 nuevas empresas y 16.800 empleos; impartir 11.000 horas de formación a emprendedores para la óptima gestión de sus proyectos, y realizar más de 3.000 actuaciones de fomento.

Andalucía Emprende, creada en 1999, dispone actualmente de 267 Centros Andaluces de Emprendimiento, que dan cobertura a toda la región y cuentan con personal técnico especializado para la prestación de asistencia, asesoramiento cualificado, formación y tutorización.

La entidad ofrece una amplia infraestructura de alojamiento gratuito en 858 naves y oficinas, donde los emprendedores pueden realizar su actividad con asesoramiento en todo el proceso de creación y desarrollo de su proyecto empresarial.

Este servicio, para proyectos sujetos a requisitos específicos de competitividad e innovación, se presta en dos modalidades: preincubación, por un periodo máximo de seis meses, para proyectos que aún no se han constituido como empresas, e incubación, para las ya creadas, que pueden ocupar el local durante un año o tres según se trate de oficinas o naves industriales.

Las actividades de Andalucía Emprende se completan con programas para dar respuesta a demandas específicas de emprendedores; acciones de fomento del emprendimiento en el sistema educativo; apoyo a la economía social; medidas en sectores estratégicos como el tecnológico o el creativo-cultural; respaldo a las iniciativas de colectivos con especiales dificultades de desarrollo profesional (principalmente mujeres, jóvenes y personas en riesgo de exclusión), y actuaciones para el impulso de la internacionalización de pymes.

Las empresas que se constituyen con el apoyo de Andalucía Emprende alcanzan un índice de supervivencia del 55,58 por ciento en sus primeros tres años de actividad, lo que supone un 6 por ciento por encima de la media regional. El último estudio desarrollado por la entidad subraya que por cada euro destinado a sus iniciativas de apoyo al emprendimiento retornan a la sociedad 4,16, más de cuatro veces lo invertido.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

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